De Lorenzo, que participó hoy en la inauguración del I Congreso Internacional sobre Pensioes y Discapacidad organizado por la Plataforma de Representantes de Discapacitados Físicos (Predif), reivindicó una regulación y revisión global y recionalizadora del actual sistema de pensiones.

En su opinión, "para mejorar el actual estado del sistema de pensiones no es necesario girar bruscamente hacia la incompatibilidad y la fría reducción del gasto a corto plazo sin medir sus consecuencias".

"Es posible", añadió, "abrir camino con una vía de solución alternativa, es decir, que contando con os propios afectados, representados por el movimiento asociativo del sector, se lleve a cabo un planteamiento sobre la invalidez homogéneo y global dentro del sistema de pensiones en nuestro país, que permita garantizar los intereses de todas las partes en cuestión en un plano de igualdad, bajo un marco que garantice la calidad de vida de todos los ciudadanos frente a cualquier eventualidad que le sitúe en una posición de desventaja social".

La inauguración del congreso corrió a cargo de Encarnación Banco, representante del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en sustitución de la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, y del vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Rafel de Lorenzo, además del presidnete de Predif, José María Llovera, y las secretarias generales de la organización, Juana Andrés y Pilar Ramiro.

La Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos es una organización no gubernamental de rango estatal que agrupa a más de 40.000 discapacitadosque tiene como cometido esencial toda actividad que lleve a la normalización de la vida laboral y activa de las personas con minusvalía física.

Según datos de Predif, en España existen en torno a 1,7 millones de personas con discapacidad física. Las pensiones contributivas por invalidez suponen un coste en torno a 1,5 billones de pesetas anuales, mientras que las pensiones no contributivas, aquellas que dependen directamente de los Presupuestos Generales del Estado, sin ser contraprestación laboral, e estiman en unos 18.000 millones de pesetas anuales.