Blasco explicó que, desde la elaboración del primer borrador del Anteproyeto de Ley del Estatuto de las Personas con Discapacidad, todas las asociaciones del sector han mostrado una voluntad positiva de consenso y negociación", que ha permitido obtener un texto "mejorado" que "nos garantiza mirar el futuro del sector con optimismo".

En este sentido, recordó que la primera opción planteada por el Gobierno Valenciano recogió el 80 por ciento de las propuestas remitidas por las asociaciones de discapacitados, lo que demuestra la "buena sintonía y la voluntad de colaboración enre la Administración Pública y el sector".

Para el titular de Bienestar Social, es "muy importante" que colectivos sociales como el Comité de Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valenciana (Cermi), hayan declarado "públicamente" que se sienten "copartícipes de la elaboración de este proyecto de Ley", y que hayan destacado, "no sólo su carácter pionero, sino también que su aprobación mejorará la calidad de vida y el bienestar del colectivo de discapacitados y su familia".

DEBATE EN CORTES El texto legal definitivo, que se debatirá el próximo miércoles en Las Cortes Valencinas, recoge una serie de mejoras y compromisos adquiridos por la Administración relativos a la prevención de la discapacidad, la educación, la gratuidad de las tasas universitarias en algunos tramos de la discapacidad, la creación de unidades de referencia multidisciplinares para la asistencia sanitaria, y el reconocimiento de la prestación de los servicios a este colectivo por parte de las entidades sin ánimo de lucro entre otras cuestiones.

Del mismo modo, se ha contemplado la financiación gratuita de gastos de farmacia, ayudas ortoprotésicas y técnicas a los discapacitados con mayores necesidades, y el desarrollo de conciertos de programas de carácter plurianual y la elaboración de un plan Integral cuatrienal para el sector.

Blasco resaltó que esta normativa incluye, por primera vez, la regulación de los principios rectores de la actuación de las administraciones públicas valencianas en relación con las peronas con discapacidad, así como el reconocimiento de derechos a los discapacitados, la ordenación de la tipología de centros y servicios de acción social, y la fijación del correspondiente régimen de infracciones y sanciones.