De lo contrario, esta institución dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales propondrá las correspondientes sanciones, igual que sucede en el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral, según ha podido saber Servimedia en fuentes ministeriales.

La vigente normativa establece una reserva obligada de puestos de trabajo a favor de trabajadores con discapacidad para determinadas empresas. Aqéllas que no puedan cumplirla por incapacidad de sus infraestructuras o cualquier otra razón, deberán aplicar las medidas alternativas consistentes en subcontratar bienes o servicios con Centros Especiales de Empleo (donde un 70% del personal es discapacitado), o bien hacer una donación a entidades que impulsan el empleo para minusválidos.

La decisión de movilizar la Inspección para esta cuestión ha surgido en la última Conferencia Sectorial para Asuntos Sociales, en la que Ministerio de Trabajo y Asutos Sociales y responsbles de las comunidades autónomas constataron la "insuficiencia" en el cumplimiento de esta normativa.

Por ello, acordaron exigir a la Inspección que, en colaboración con los gobiernos autonómicos, introduzca programas de actuación tendentes a la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la citada normativa.

DISUASION

Las mismas fuentes precisaron a esta agencia que, para lograr la máxima efectividad de la obligación de contratar discapacitados, se hace necesario el apoyode la acción vigilante de la Inspección y, sobre todo, del efecto de disuasión preventiva que ejerce cualquier actuación inspectora impulsada por la Administración.

Según los últimos datos, tanto las empresas de más de 50 trabajadores como la propia Administración incumplen la vigente normativa, ya que sólo tienen el 0,5 y el 0,6 de personal discapacitado, respectivamente, a pesar de que la normativa española es menos exigente en el nivel obligatorio de contratación de discapacitados que la de otros píses de la Unión Europea.

No obstante, la contratación de personas con discapacidad en España ha mejorado sensiblemente en los últimos años. Así, de 10.865 contratos a personas con minusvalía realizados en 1995, se ha pasado a los 30.765 de 1999, lo que supone un incremento del 183,1%, según los datos oficiales a los que tuvo acceso Servimedia.