A sugerencia del Comité de Representantes de Minusválidos (CERMI), el proyecto del Gobierno establecía una cuota del 3 por ciento, que es la general vigente para la función pública.

Sin embargo, la plataforma representativa de la discapacidad propuso a las fuerzas políticas que ese porcetaje se elevara dos puntos, para eqipararlo al que regirá en unos meses para toda la función pública.

Si prospera finalmente el consenso entre los grupos, se añadirá un nuevo apartado al artículo 301 de la LOPJ por el que "se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y treas correspondientes".

Asimismo, la nueva disposición indicará que "el ingreso de las personas con discapacidad en las carreras judicial y fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas.

Según destacó el CERMI en un comunicado, con esta medida se extiende por vez primera la cuota de reserva a la carreras judicial y fiscal, que carecían de cupo de empleo en favor de personas con discapacidad, al no serles de aplicación las normas generales de la función pública y contar con legislación especial regulada en la LOPJ.

Para el CERMI, la aprobación de esta reserva supone "un avance en el proceso de normalización profesional de las personas con discapacidad, que tendrán más facilidades para acceder al desempeño de responsabilidades profesionales con incidencia directa en la protección de derechos d los ciudadanos".