Así lo pusieron de manifiesto hoy en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde los representantes de los agentes sociales participaron en una conferencia bajo el lema "Políticas activas para personas con discapacidad".

Por parte de UGT, Almudena Fontecha lamentó la "escasez presupuestaria y la poca ambición" recogida en los últimos planes de empleo aprobados or el Gobierno -con la oposición de los sindicatos- en el capítulo destinado a la formación laboral de los discapacitados.

Mientras, José Luiz Sánchez, miembro de CCOO, insistió en que no se deben hacer políticas concretas para los discapacitados, sino potenciar en estos colectivos especialmente desfavorecidos el fomento del empleo y, sobre todo, las políticas activas destinadas a la formación profesional.

Desde la CEOE, Pilar Iglesias pidió que los planes dirigidos a la inserción de discapacitads insistan cada vez más en las políticas activas y sobre todo que se forme a las personas con minusvalía para que puedan acceder al trabajo. Además, pidió que los Centros Especiales de Empleo no se conviertan en el lugar de trabajo de los discapacitados, sino que sirvan como tránsito formativo hacia el empleo normalizado.

CUOTA DE RESERVA

Tanto los sindicatos como la patronal se refirieron al incumplimiento generalizado por parte de las empresas y de la propia administración de la normativa que oblia a las sociedades de más de 50 trabajadores a tener un 2% de su plantilla ocupada por discapacitado, tasa que se eleva a un 3% para el Estado.

UGT pidió "medidas alternativas urgentes" para que quienes incumplen esta normativa compensen de alguna forma para crear empleo de discapacitados . Además, aplaudió la iniciativa del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, presidido por José Bono, que ha acordado elevar hasta un 5% la obligación de la Administración de esa comunidad para reservar plazas a prsonal con minusvalías en todas sus convocatorias oficiales.

"En este sentido debería continuarse", dijo Almudena Fontecha, no sin criticar a la Administración central por incumplir completamente la normativa que le obliga a contratar un 3% de discapacitados, en lo que coincidió con el representante de CCOO, José Luis Sánchez.

Mientras, por parte de la CEOE, Pilar Iglesias, animó al Ejecutivo a buscar medidas que no sean coercitivas con los empresarios, como es el caso de la reserva de un porcentje de trabajadores para los discapacitados. "Esta medida se ha demostrado inoperante", dijo la responsable de CEOE, por lo que se hace necesario su mejora.

Por último, tanto sindicatos como empresa insistieron en que los discapacitados deben participar cada vez más en la negociación de convenios colectivos y, en ese ámbito, lograr mejoras para este colectivo.