La senadora María Belén Campo Piñeiro, que defendió la propuesta, explicó a los periodistas que esta ampliación no tiene carácter genérico, y que su aplicación dependerá tanto del grado y tipo de minusvalía del trabajador como del oficio desempeñado, en atención al grado de dificltad del aprendizaje. Eso deberá concretarse en un desarrollo reglamentario posterior.

La enmienda, que se ha incluido en el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo (la normativa que recoge la reforma laboral acordada por los agentes sociales), fue aprobada con el apoyo de los senadores del PP, PSOE y CiU, mientras que el PNV se abstuvo e IU votó en contra.

De acuerdo con el proyecto de Ley, la duración del contrato de formación será de un mínimo de seis meses y e un máximo de dos años con carácter general, ampliable a tres en casos específicos cuyo aprendizaje revista una especial dificultad.

Campo Piñeiro defendió su propuesta con el argumento de que en el colectivo de discapacitados se puede dar el caso de que se requiera más tiempo para adquirir los conocimientos y habilidad para poder cumplir correctamente con su puesto de trabajo. Destacó la importancia del colectivo de discapacitados y la conveniencia de facilitar su inserción laboral.

En cualquie caso, de acuerdo con el proyecto de Ley, la duración concreta de los contratos de formación deberá negociarse en los convenios colectivos estatales sectoriales, o de ámbito inferior en caso de que no haya acuerdo a ese nivel, aunque dentro de los límites máximo y mínimo fijados.