Andrés afirmó que "es francamente difícil que un discapacitado pueda incorporare a la vida laboral, bien en la empresa ordinaria o en la administración pública, o a través de centros especiales de empleo".

Por minusvalías, precisó, los discapacitados psíquicos carecen además de falta de plazas en centros ocupacionales y residencias. También indicó que faltan residencias para los minusválidos físicos asistidos, aquellos que necesitan de ayuda de otras persona para el desarrollo normal de su vida.

La defensora del discapacitado comentó que otro problema de este colectivo en l región son las barreras arquitectónicas, que según dijo, "son muchas".

Reconoció que de las tres capitales de provincia de la comunidad autónoma, Alicante es la menos accesible para personas con discapacidad, mientras que Valencia capital "es una de las ciudades más accesibles, no sólo del Mediterráneo sino de todo el Estado español".

INSOLIDARIDAD

Además, destacó la "insolidaridad" de algunas comunidades de vecinos que no permiten la construcción de la rampa de acceso y salida para aquellas prsonas que tienen alguna discapacidad física, alegando "cuestiones de estética".

En cuanto a los sordos, Andrés resaltó las dificultades de comunicación que encuentran en los centros oficiales y la escases de películas subtituladas tanto en cine como en televisión.

Juana Andrés señaló que desde marzo de 1996, cuando accedió a ese puesto, más de 1.300 discapacitados han recurrido a ella, a través de cartas, teléfono o personalmente para exponerles sus problemas y quejas.

Aseguró que las cuestones que le plantean los minusválidos son muy variadas, entre otras la falta de trabajo, que no se respeta el aparcamiento reservado a los discapacitados físicos y la falta de solidaridad de los vecinos para construir rampas.

Por otro lado, Juana Andrés anunció que próximamente se pondrá en marcha la Oficina de Atención al Discapacitado, en Valencia, para la que el Gobierno regional ha destinado 16 millones de pesetas.