En su comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, Amalia Gómez hizo un repaso de la política social que lleva a cabo el Gobierno del PP, centrándose especialmente en e contenido del Plan de Acción 1997-2002 para las personas con discapacidad, aprobado en la Conferencia Sectorial celebrada en Santander en noviembre de 1996.

El Plan de Acción para las Personas con Discapacidad cuenta con una dotación presupuestaria de 400 millones de pesetas, cantidad a la que hay que añadir otros 400 millones que aportarán las comunidades autónomas para su desarrollo.

Los objetivos fundamentales del plan son conseguir la máxima autonomía de las personas discapacitadas, colectiv que en España integran más de dos millones de personas, y facilitar su entrada en el mercado laboral.

Para cumplir estos fines, el plan se estructura en cinco apartados: Promoción de la Salud y Prevención de las Deficiencias; Asistencia Sanitaria y Rehabilitación Integral; Integración Escolar y Educación Especial; Participación en la Vida Económica e Integración Comunitaria y Vida Autónoma.

Según explicó Amalia Gómez, el programa, que es financiado al 50 por ciento por el Gobierno y las comunidaes autónomas, tiene actualmente en marcha 53 programas que benefician a un total de 3.000 usuarios.

COMISION TECNICA

Amalia Gómez anunció también la creación por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las comunidades autónomas de una Comisión Técnica encargada de realizar un seguimiento pormenorizado del plan con la ayuda de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Respecto al empleo, la secretaria general de Asuntos Sociales señaló que el documento elaborado por el Cnsejo Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), que recoge medidas urgentes para promocionar el empleo de las personas con discapacidad, está siendo estudiado por la Secretaria de Empleo y los agentes sociales y que el próximo otoño habrá un borrador del documento.

Este plan de empleo, que pretende paliar la situación de paro que sufre el colectivo de discapacitados, incluye medidas como el cumplimiento de la reserva del 2 por ciento de plazas para las personas con discapacidad en las empresa privadas y el 3 por ciento en las empresas públicas.

Por último, Amalia Gómez destacó también los convenios de colaboración para poner en marcha el Plan Integral de Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística con Fundación ONCE, la FEMP, y RENFE, entre otros, y que pretenden mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en ciudades, locales de uso público, mediante la redacción de estudios y proyectos y la ejecución de los mismos.

Recientemente, el Ministrio de Trabajo y Asuntos Sociaes y la Fundación ONCE firmaron un convenio de colaboración por un montante de 1.000 millones de pesetas, aportados a partes iguales entre ambas instituciones, para proyectos de accesibilidad en ciudades, centros de la Administración y accesibilidad en el transporte.