La iniciativa legal persigue la adaptación pogresiva de la situación actual de las calles y edificios no accesibles a los nuevos mandatos que recoge la ley.

Asimismo, la norma no atañe sólo a las barreras arquitectónicas, sino que fomenta la accesibilidad en las comunicaciones, la cultura, la enseñanza, el ocio y el trabajo de las personas con limitaciones sensoriales.

Entre las medidas de fomento que establece la ley figuran la obligación de que cada consejería lleve a cabo un Plan de Eliminación de Barreras en su ámbito competencial, el stablecimiento de créditos para la eliminación de barreras en favor de la Administración autonómica, ayuntamientos, entidades privadas y particulares.

Por su parte, los municipios redactarán planes integrales de actuación para la eliminación de barreras y la Consejería de Bienestar Social elaborará planes de actuación cuatrienal en materia de accesibilidad, con el objeto de informar y sensibilizar a la sociedad.

Respecto al régimen sancionador, el proyecto de ley fija multas que van desde 50.000 esetas por una falta leve hasta 50 millones en el caso de una falta grave.