Según pudo saber Servimedia en fuentes de la Administración, se controlará a quienes incumplan esta normativa y se les obligará a comprar productos o contatar servicios con los Centros Especiales de Empleo, caracterizados por tener más del 70% de trabajadores minusválidos, o bien a hacer lo mismo con discapacitados que trabajen por cuenta propia.

Además, como novedad, las empresas podrán liberarse de esta obligación con una donación monetaria destinada a una fundación o a una sociedad de probado interés público.

El importe de las donaciones estará regulado en unos módulos, con la obligación de destinar este dinero a la generación de empleo para pesonas con discapacidad.

Actualmente, tanto las empresas de más de 50 trabajadores como la propia Administración incumplen la vigente normativa, ya que sólo tienen el 0,5 y el 0,6 de personal discapacitado, respectivamente, a pesar de que la normativa española es menos exigente en el nivel obligatorio de contratación de discapacitados a la de otro países de la Unión Europea.