En un diálogo sobre la 'Agenda social europea de inclusión' organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la agencia de noticias Servimedia intervinieron el subdirector general del Ministerio, Francisco Machancoses; el responsable de Políticas del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Alejandro Moledo; la portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, María Canal; la directora ejecutiva de Cermi, Pilar Villarino; la directora de la Oficina Técnica de Asuntos Europeos de ONCE, Cristina Barreto, y Gema Piñeiro como miembro de la redacción digital del Cermi.

En su intervención, Villarino admitió que "nos preocupa lo que parece que será la estructura de la nueva Comisión", ya que “desaparece” la cartera dedicada en exclusiva a la igualdad, comandada hasta ahora por la comisaria Elena Dalli. Con ella "conseguimos avances sociales muy importantes", afirmó, y “no sabemos si la nueva división va a ir un poco en detrimento de todo esto”.

Según Moledo, en la legislatura que terminó con las elecciones de junio, “logramos un liderazgo en igualdad inédito” y “se adoptó una legislación que nadie se esperaba”. Como ejemplos, citó la directiva sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer o la que regula las tarjetas europeas de discapacidad y de aparcamiento. Se logró “un empuje en materia de igualdad como nunca se había visto antes y ahora nos sentimos defraudados”, confesó Moledo. Ahora, la comisaria responsable de Igualdad lo será también de Preparación y de Gestión de crisis, criticó. “En el mejor de los casos, vamos a tener un tercio del tiempo de acción que antes había para igualdad”, dijo, y denunció que la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 “está vacía a partir del año que viene”. “Es cierto que (gracias a esta) se llevaron a término varias iniciativas bandera”, admitió, como las citadas tarjetas de discapacidad o la puesta en marcha del centro europeo de accesibilidad, Accesible EU.

Sin embargo, “no hay nada para la segunda fase”, alertó Villarino. “Así se lo comunicamos a la presidenta Von der Leyen", prosiguió, para que la Comisión adopte nuevos hitos tras 2025.

INACCIÓN

A juicio de Moledo, esta nueva Comisión “está claramente más enfocada en temas de competitividad, energía, seguridad e inmigración”, y “todo lo que tiene que ver con derechos sociales ha quedado en segundo plano”. Existe “un riesgo cierto de inacción” porque “las responsabilidades sobre los temas de discapacidad y de política social en general quedan muy diluidas”, vaticinó Moledo. "Todo llevará más tiempo", advirtió justificando que nadie se sentirá responsable de un dossier concreto.

La misma idea expresó Cristina Barreto, tras señalar que, con el nuevo reparto de funciones, “serán dos comisarias las encargadas de temas de igualdad”. Además de la de Preparación, Gestión de crisis e Igualdad (Hadja Lahbib), está la de Personas, Habilidades y Preparación (Roxana Minzatu), explicó. “Si ya era difícil sacar adelante las propuestas, vamos a ver qué pasa ahora que son dos las que se tienen que poner de acuerdo”, subrayó.

Con todo, Barreto aseguró confiar en las dos políticas y también en los eurodiputados. “Desde el Cermi, el Grupo Social ONCE y el EDF hemos hecho llegar nuestras propuestas a los representantes del parlamento europeo y confiamos en que se las presentarán (a la Comisión) en las próximas semanas”, añadió.

Sí precisó que en 2020, de cara a la elaboración de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, Elena Dalli se dirigió a las organizaciones de discapacidad, que “le trasladamos nuestras preocupaciones”. “Hasta ahora, no hemos tenido ninguna comunicación ni ninguna pregunta sobre qué nos preocupa a las organizaciones de discapacidad”, lamentó Barreto. En su opinión, esto es “lo más preocupante”. “Lo que pedimos es que nos tengan en cuenta. Nada para nosotros sin nosotros”, dijo en referencia al lema de la Convención de Naciones Unidas.

DEMANDAS DEL SECTOR

Entre otras medidas, Barreto reclamó que el Centro Europeo de Accesibilidad –Accesible EU— “se convierta en agencia física dentro de dos años”, cuando termine el presupuesto actual.

Liderado por Fundación ONCE, Accesible EU ha funcionado hasta ahora de forma online, siempre con el objetivo de promover la aplicación de políticas de accesibilidad en toda la Unión, generar conocimiento al respecto, fijar estándares de calidad, compartir buenas prácticas y desarrollar herramientas y normas comunes. Su propósito final es facilitar la aplicación práctica de la legislación de la Unión Europea sobre accesibilidad para así mejorar la disponibilidad de productos, servicios e infraestructuras más accesibles en la UE.

Barreto también exigió “no tener que esperar cinco años para trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva sobre las tarjetas europeas de discapacidad y de aparcamiento”.

A juicio de Villarino, esta norma vino a “hacer realidad el derecho a la libre circulación de personas que proclama la Unión Europea y a tratarnos como ciudadanos iguales”. "Si el Estado vecino no te reconoce la condición de discapacidad, ¿de qué libertad de movimiento en la UE estamos hablando?”, se preguntó.

Por eso, Cermi trabaja junto al Gobierno para que esta transposición se efectúe de la manera más rápida y más efectiva posible.

Además, Barreto se refirió a la colaboración entre el Fondos Social Europeo y la Fundación ONCE para la inserción laboral de personas con discapacidad. Según apuntó, “llevamos 25 años con este programa y hemos logrado que 150.000 personas encuentren empleo”. De ellas, el 43 % son mujeres.

“Gracias a los plazos de siete años con los que trabajamos, podemos dirigirnos a las empresas para sensibilizar e informarles sobre cómo es la contratación de estas personas” y a las propias interesadas, a fin de hablar con sus entornos, conocer bien sus características y desarrollar todas sus capacidades, explicó.

CONSERVAR EL MODELO SOCIAL

Gema Piñeiro quiso a su vez llamar la atención sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad de la UE, ya que solo seis Estados –España entre ellos— garantizan un voto accesible y “sin restricciones a todos sus ciudadanos”.

La UE tiene la posibilidad de “avanzar en este terreno”, recalcó, demanda que también compartió el subdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este dijo "entender las inquietudes" del sector de la discapacidad respecto a la nueva estructura para la Comisión que presentó Von der Leyen, porque "es una composición novedosa”.

Sin embargo, insistió en que todas las prospecciones, como los informes Dragui y Letta, apuntan hacia la necesidad de reforzar la competitividad de Europa y atender a la crisis energética. Las circunstancias actuales –guerra en Ucrania, cambios tecnológicos…-- han generado nuevos problemas y es necesario “darles respuesta” para “asegurar el objetivo último de Europa: conservar su modelo social”, dijo. Por eso, “creo que se pueden atender todos estos temas y seguir avanzando en el reforzamiento del empleo y en el mantenimiento de los derechos sociales”.

Machancoses, que aseguró confiar en que la nueva Comisión entrará en funcionamiento ”antes de Navidad”, apostó por que “todo esto nunca llegará a enmascarar la idiosincrasia de los valores europeos”.

Según María Canal, resulta “lógico que las políticas de igualdad estén cada vez más enraizadas en las políticas generales”. De ahí que no consideró “preocupante” que las competencias en este ámbito se encuentren repartidas entre distintas direcciones en la nueva Comisión. “Es una consecuencia de la evolución que hemos seguido”, prosiguió, en la que “pasamos de prohibir la discriminación a una integración positiva de la igualdad”.

ACCESIBLE EU

Por otro lado, Canal se mostró a favor de la continuidad del Centro Europeo de Accesibilidad como agencia física porque España, “que es una campeona en temas de discapacidad y de accesibilidad, lo debe seguir siendo y poner al servicio de la sociedad y de los reguladores europeos todo ese conocimiento y esa cercanía a las personas que enfrentan problemas de accesibilidad, para que las soluciones que se propongan desde Europa sean lo más acertadas”.

En opinión de Moledo, “la accesibilidad al final es una cuestión técnica, y por eso se necesita una agencia especializada y experta que apoye a los Estados, a las industrias y a los usuarios para implementar todas esas soluciones”. Entre otras cosas, esto servirá para que el Acta Europea sobre Accesibilidad, que debe entrar en vigor en 2027, pueda ser una realidad efectiva, defendió.

“Tenemos requerimientos de accesibilidad cada vez en más sitios", prosiguió, desde el mundo web al sector audiovisual, pasando por los servicios que prestan las administraciones públicas. Por eso, “son tan necesarios los profesionales que trabajan en Accesible EU”. A su juicio, este centro “está siendo todo un éxito” y cuando se acabe el mandato actual “proponemos que se convierta en agencia física”.

Machancoses transmitió el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España a esta iniciativa para dotar de permanencia a un centro en el que encuentran apoyo más de 80 millones de ciudadanos europeos que tienen discapacidad.