Así lo indicaron el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; la vicepresidenta ejecutiva de Cermi Mujeres, Ana Peláez; e Isabella Arias, una adolescente con parálisis cerebral comprometida con el activismo de los derechos de la discapacidad, durante el acto organizado por el Ministerio de Derechos Sociales en el Ateneo de Madrid para celebrar la aprobación, de la reforma.

Los tres dieron las gracias a los ministros del Gobierno allí presentes, Yolanda díaz, Pablo Bustinduy y Mónica García, y se felicitaron por la aprobación inminente de la nueva redacción, cuyo alcance tildaron de “histórico”.

Según el presidente del Cermi, esta modificación “hace justicia a las personas con discapacidad” que, a su vez, han hecho "un favor” a España al impulsarla. Pérez Bueno resaltó como “los poderes públicos, a partir de ahora, deberán implicarse en políticas fundamentales” para el colectivo, como “garantizar nuestra plena autonomía y el acceso a entornos universalmente accesibles”.

En este punto, se mostró convencido de que la reforma “no va a resolver por sí sola” todos los problemas que arrastra el colectivo, pero sí conseguirá “que la discapacidad deje de ser percibida como castigo”. En su opinión, permitirá “sentar las bases de políticas públicas que, en un par de generaciones, darán sus frutos”.

Coincidió con Ana Peláez en destacar la importancia de que el nuevo artículo haga mención expresa a la promoción de las mujeres y la infancia con discapacidad, cuya realidad se recoge por primera vez en la Carta Magna.

Para Peláez, esto se debe a que el nuevo texto “está plenamente en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que en su artículo 6 reconoce “la especial discriminación que sufren las mujeres con discapacidad” y establece la obligación de los estados de contribuir “a remover todos los obstáculos que impiden su plena igualdad”.

Es decir, este texto reconoce “la discriminación agravada” y, por ello, se ha de mencionar en la constitución, explicó.

De igual manera, el artículo 7 de la Convención se refiere a la infancia con discapacidad, prosiguió, que también es mencionada en el nuevo artículo 49.

En opinión de Peláez, la nueva redacción “contempla todos los principios” que maneja la Convención, como “la autonomía personal, la accesibilidad universal, la participación de las organizaciones en las políticas públicas, la promoción de mujeres y menores y la ccesibilidad universal.”

“Lograrlo ha sido todo un éxito”, indicó, y agregó que esta reforma supone “una esperanza, un aliento para los movimientos de personas con discapcidad en todo el mundo”.

Finalmente, destacó que “los niños y niñas con discapacidad queremos que nuestra voz se escuche”, con lo que valoró la mención específica que el nuevo artículo les otorga.

A su juicio, servirá también para ayudar “a reclamar nuestros derechos, como la escolarización en centros inclusivos para toda la infancia con discapacidad", también aquella que utiliza sistemas de comunicación alternativos, como es su caso.

Asimismo, se mostró convencida de que si se ha logrado reformar "algo tan importante como la Constitución también será posible cambiar otras leyes que afectan a las personas con discapacidad”.