El estudio incluye extractos de un informe interno de la firma de tecnología de la imagen e informática Enlaser, con fecha 8 de julio de 1992 (un año después de la dimisión de Galeote) y firmado por Davi Granados.

Granados aparece como director general de una firma que se encargaba de gestionar contratos que le conseguía Filesa en todos los campos, incluso aquellos que no tienen que ver con la informática o la imagen, a cambio de comisiones que supuestamente sirvieron para financiar al PSOE de forma irregular.

En el documento se reconoce la pésima situación de Enlaser, a raíz de que estallase el escándalo en los medios de comunicación, y se incluye un apartado final, "Valoración y necesidades cocretas", en el que se reconoce a Galeote como interlocutor último de Filesa:

"Llevamos dos meses intentando hablar con el señor Galeote, sin obtener resultado alguno y ha de darse por seguro que con nuestros propios medios, sin más recursos que los ingresos por la normal actividad, NO podremos cambiar el curso de las cosas sea cual fuere".

El dossier de situación fue incautado en el registro judicial efectuado en la sede del grupo de sociedades Tico Vilarrasa, integrado a su vez el grupo Filesa (alesa y Time Export). Este análisis se remonta a la época de "vacas gordas", tras la entrada de Filesa en el accionariado con una aportación de diez millones de pesetas y con el compromiso de aportar contratos a cambio de comisiones.

FILESA "AYUDA"

Los directivos de Enlaser comienzan "haciendo gala de sus relaciones con el partido (PSOE)" y de los beneficios que les reporta la entrada de Filesa. Un ejemplo, la afirmación de que Filesa "trae" a Enlaser un contrato de 2.000 millones de pesetas con el NEM para impartir formación profesional.

"El negocio propuesto a Enlaser (por Filesa, la firma matriz) era solicitar a estas empresas un 50 por ciento de comisión por llevar la gestión (existe un contrato para ello). El reparto de este 50 era 45 a Filesa y 5 a Enlaser. La operación resultó fallida tras tres meses de trabajo".

Otras operaciones de este tenor con el INEM, con el Quinto Centenario, con la Policía aparecen como normales en la actividad de Enlaser, y su propio director general se da centa del sinsentido y da la voz de alarma al afirmar: "Sólo un primer análisis de estos hechos dan una idea de los caminos por donde se ha querido llevar a la compañía (obtener comisiones a toda costa y en cualquier ámbito), muy alejados de los planteamientos iniciales de Enlaser (tecnología de la imagen e informática)".

Cuando estalla el escándalo de financiación irregular del PSOE, el INEM cancela 20 millones en proyectos, Telefónica "pide explicaciones oficialmente" y Dragados "nos recomienda en un reunión que no aparezcamos por allí en un tiempo", dice Granados. Además, los organismos vinculados a la Administración, como el Quinto Centenario, cancelan sus contratos.

Filesa "ayuda", según el director general de Enlaser, a que se condonen 35 millones de deuda a la empresa y consigue 22 millones más "que nos evitan el desaparecer completamente". Pero Filesa "no desea otra cosa que transmitir sus acciones, para lo que llama insistentemente", dice. "Está en la postura de dejar morir a Enlaser (no sbemos si quiere liquidarla o simplemente cerrar a la francesa)", añade en otro pasaje de su informe.

NAVARRO, SALA Y LAS FACTURAS FALSAS

Los tres peritos judiciales que trabajan a las órdenes del magistrado instructor del "caso Filesa", Marino Barbero, han incluido este informe en su peritaje para demostrar la influencia que seguían teniendo los cargos del PSOE, especialmente el diputado Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala, los únicos implicados hasta ahora como presuntos "cerebros" de estatrama de captación de recursos para el PSOE.

Además de lo relativo a Enlaser, los peritos hacen notar que, aunque Navarro y Sala no gestionaban directamente el grupo encabezado por Filesa, Malesa y Time-Export, pese a ser propietarios -lo hacían el administrador, Luis Oliveró, tío de Navarro, y Alberto Flores, hermano de Elena Flores-, sí se cometen irregularidades de gestión aprobadas por ellos.

Por ejemplo, la participación "activa, de hecho y de derecho", en un fraude fiscal, en la emisión de na factura "presuntamente falsa" de 8.400.000 pesetas contra Catalana de Gas por un "Estudio sobre operacionalidad de las exportaciones de tecnología gasista en los países del área mediterránea", que la empresa catalana no ha podido aportar a la investigación.

A resultas de este informe, Filesa percibió de forma irregular, no declarada como ingreso en el capítulo de Impuesto General sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados.

En 1989, Filesa compró a Vícto Ullate Andrés una vivienda situada en la calle Barquillo de Madrid y aunque no figuraba Carlos Navarro al frente de la empresa, el pago de la señal por la venta del piso, un millón de pesetas, se carga a la cuenta personal del diputado del PSOE en una cuenta corriente del Banco Atlántico en Barcelona.

Operaciones como estas, la entrada de dinero en el grupo sin asentamiento contable y la salida del mismo por este mismo procedimiento, lleva a los peritos a concluir que las actividades del grupo se conretan en:

"Facturación de supuestos informes, que la realidad muestra inexistentes, a determinados clientes, y al pago de bienes y servicios a proveedores que no son utilizados por las empresas que los satisfacen (Filesa paga cuentas al partido), sino por un tercero, normalmente el PSOE".

Así se demuestra, según los peritos inspectores de Hacienda, que para llevar a cabo esos objetivos se utilizan técnicas ilegales como la redacción de dobles facturas (con la firma de publicidad El Viso, que trabja para el PSOE); o como la emisión de facturas a nombre de "Distribuidora Express 2020", que no es ni el destinatario del servicio, PSOE, ni el pagador, Filesa, empresa ésta que no contabiliza el gasto y se lo traspasa contablemente a una de sus filiales, "Tecnología informática 2020", muy vinculada, a su vez, a "Distribuidora Express 2020".

Este último es el método empleado supustamente por los responsables del PSOE, vía Filesa, para pagar los 70 millones de pesetas de alquiler del edificio de la cale Gobelas.