Según los delincuentes, catalogados todos ellos como muy peligrosos, los funcionarios les prohibieron ducharse y salir al patio duante dos semanas. Además, achacan que les esposaron a las camas durante varios días, en unas celdas que carecen de cristales.

Rafael Fernández insistió en que los funcionarios no actuaron en ningún caso fuera de la ley y se refirió a "medidas excepcionales para presos excepcionales".

Según el director, las decisiones aplicadas sobre un grupo de tres internos, "son las que están en el reglamento".

Entre los once presos denunciantes, figuran algunos de los que protagonizaron un motín en Puerto2, en Cádiz, el pasado mes de agosto, en el que un recluso murió decapitado por sus compañeros.

Según informaron a esta agencia fuentes penitenciarias de Sevilla, los once individuos están fichados en calidad de miembros del Grupo Armado de Presos en Lucha (GAPL).

Las investigaciones que realiza ese juzgado sevillano fueron promovidas por la fiscalía, después de que en una de las visitas ordinarias de dos fiscales a la cárcel Sevilla 2, dos de los presos denunciaron esos casos de supuestas torturs.

Posteriormente, el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, remitió un informe al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, quien poco después ordenó la apertuira de diligencias.