“Lo tenemos listo desde mayo”, dijo, por lo que indicó que espera ”poder tomarme pronto una copa de cava y un mantecado para celebrar que se ha aprobado en primera lectura”. Esto es, su llegada al Consejo de Ministros.

Martín Blanco hizo estas declaraciones durante la jornada ‘Rumbo: un viaje hacia la transformación’, donde se presentaron los resultados del Proyecto Rumbo de innovación social, un pilotaje de tres años en el que se diseñaron y testaron modelos de soluciones innovadoras para apoyar la vida en comunidad de personas con discapacidad y grandes necesidades.

Según explicó, la reforma de dichas leyes, las “que mayor impacto tienen en el ámbito de las personas con discapacidad”, resulta “clave” a la hora de aplicar sus resultados. Defendió la necesidad de “alicatar estas dos leyes, en especial la de Dependencia”, a fin de “adaptarlas al nuevo artículo 49 de la Constitución”.

”Las mujeres, la infancia y las familias” serán “los nombres propios de estas dos leyes” gracias a la reforma, declaró. Aseguró también que la asistencia personal y un cambio profundo en el modelo de todo lo que tiene que ver con la autonomía serán sus ejes fundamentales”.

EVIDENCIAS DE ÉXITO

A su juicio, los resultados del Proyecto Rumbo “han arrojado evidencias” sobre las ventajas de la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad, tanto para ellas como para sus entornos. “Espero que ninguna administración ponga excusas para este tipo de tránsitos, porque hemos probado que funcionan”, declaró. “Ahora solo hay que sostenerlos y llevarlos a la política pública”, agregó.

En opinión de Jesú Martín Blanco, resultaría muy injusto para todas estas personas que han disfrutado de tres años de vida en su comunidad tener que volver a vivir en instituciones. “Las personas con discapacidad no queremos ser exiliadas en nuestro propio país”, insistió, y subrayó que “muchos compatriotas se han pasado la vida entera en residencias, sin decidir nada” sobre su vida y “sin la posibilidad siquiera de contar su historia”.

Explicó que “la tragedia de la pandemia de covid-19 en nuestro país tuvo un papel determinante en el impulso a la desinstitucionalización, que desde hacía años reclamaban las entidades del sector y el propio Comité de la ONU para el Seguimiento de la Convención.

“España fue el único estado europeo que destinó un componente del Fondo Next Generation a impulsar un cambio de modelo", destacó, y subrayó el esfuerzo inversor del Gobierno en este ámbito.

Por eso, “me causa rubor escuchar a dirigentes autonómicos que tienen el cuajo de decir que no pueden asumir la financiación” del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

En esta línea, el director general instó a las entidades del sector de la discapacidad a ser vanguardia y estar encima de las administraciones. “Necesitamos que estéis encima de nosotras y que llaméis a las puertas de vuestras caomunidades autónomas y vigiléis el cumplimiento de los acuerdos”, invitó.

Puso como ejemplos los nuevos criterios de acreditación las residencias y el fomento de la asistencia personal, y avanzó que en febrero habrá una reunión entre ministerio y comunidades para evaluar el cumplimiento de este último. “Porque toda persona tiene derecho a elegir con quién comparte habitación, qué quiere cenar y si enciende o apaga la luz a la hora de dormir”, declaró.

IMPACTO EN EL SECTOR

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, insistió en que “necesitamos una reforma en profundidad” de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, por lo que reclamó agilidad en su trámite.

“Los apoyos que prestamos a las personas con discapacidad deben ser inclusivos y libremente decididos”. Esta es una de las claves del Proyecto Rumbo, del que alabó su capacidad para “crear sinergias entre organizaciones”, con independencia del tipo de discapacidad.

“Todos los apoyos que prestamos deben ser repensados y rediseñados en clave de inclusión y de derechos humanos”, sostuvo. “Si queremos que se apliquen en la realidad precisamos normas y leyes robustas”, añadió, que “trasladen todos estos principios a las políticas públicas”.

Además, resaltó el impacto de Rumbo en las propias entidades del sector de la discapacidad. “Debemos ser autocríticas”, así que, “por muchas dificultades que encontremos con las administraciones ya no sirve que prestemos apoyos y servicios” que segreguen a las personas. “Todos hemos de apostar por la vida en comunidad”, señaló.