Lo hizo durante el primer bloque del seminario ‘La revisión de la regulación de la autonomía del paciente a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad´ organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) este viernes.

La inauguración de esta jornada corrió a cargo del propio Pedro Gullón Tosio; así como del presidente del Cermi y de la FDyD, Luis Cayo Pérez Bueno; y el director general de derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco.

En este contexto, Luis Cayo indicó que el objetivo del seminario es “examinar con las mejores mentes cómo o cuán inclusiva es nuestra legislación sanitaria en cuanto a la autonomía del paciente y qué apoyos se proporcionan a las personas con discapacidad para que sean verdaderamente autónomas en sus decisiones de salud,” en concordancia con la Convención, que a su juicio es “absolutamente disruptiva” en cuanto al impacto positivo que está generando en materia de igual capacidad jurídica y que abarca todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad incluyendo los asuntos de sanidad pública. “La legislación sanitaria aún no ha asumido la dimensión inclusiva de la Convención, y debe cambiarse para que lo haga”, enfatizó Pérez Bueno.

Por su parte, Jesús Martín Blanco, expresó que “nuestra realidad vital no es normativa y eso requiere del sistema de actuaciones que nos comprendan y nos acepten como somos con respuestas que contengan todas las garantías”. Asimismo, manifestó su convicción en que desde la administración pública sabrán “reparar las anomalías en el ejercicio del derecho humano para la salud” y que “para eso necesitamos espacios como este”. Además, apeló a la premisa de que para que exista una autonomía del paciente real, e necesaria “la accesibilidad universal, porque las barreras y discriminaciones sí tienen cura”.

Pedro Gullón Tosio reforzó esta idea y añadió que “la pérdida de autonomía tiene efectos directos en salud porque está vinculada con una ‘no capacidad’ de toma de decisiones que es en donde operan las desigualdades en materia de salud. Esa pérdida de poder provoca unos riesgos psicosociales que afectan a la salud de las personas con discapacidad”.

La ponencia marco fue impartida por la catedrática de derecho civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Carmen González Carrasco, quien resaltó la “necesaria adecuación” de la Ley de la autonomía del paciente que incluye los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y demás legislación sanitaria conexa a la nueva legislación sobre apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

En este sentido, la ponente reivindicó la importancia de adaptar y resolver las incoherencias entre la legislación que afecta a la autonomía del paciente y demás normativa sanitaria, como la reguladora de trasplantes, ensayos clínicos o la eutanasia, a la nueva legislación que regula el apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y a la Convención. De igual manera, destacó la importancia de las figuras de apoyo para las personas con discapacidad, afirmando que “el consentimiento informado es un derecho fundamental que atañe a la persona que no lo puede expresar y no a sus apoyos”, es decir, las figuras de apoyo no deben ir en contra de la voluntad del paciente con discapacidad salvo que se trate de un riesgo para su vida, decisión que finalmente tomará el juez.

A continuación, el catedrático de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y Patrono de la FDyD, Rafael de Asís, analizó en una ponencia la autonomía del paciente, libertad personal y salud mental. En este caso, puso de relieve la contradicción de los internamientos y los tratamientos forzosos con la Convención. En concreto, expuso que “el tratamiento de la discapacidad y las cuestiones que tiene que ver con la autonomía del paciente y la salud metal, deben hacerse desde un enfoque de derechos humanos, el cual nos obliga a tener en cuenta la Convención” y, por consiguiente, a abandonar la cultura institucional en materia de internamientos.

También hizo un repaso sobre los artículos de la Convención que son quebrantados al aplicar los internamientos involuntarios y forzosos, entre los que se encuentran el que apela al derecho a la igualdad, a la integridad física y mental; y a la prohibición de la tortura y otros tratos de intervenciones crueles o degradantes.