De la Rica afirmó que la nueva Ley de Seguridad Vial, al igual que el antiguo Código de laCirculación, parece relegar a un segundo plano los problemas del tráfico urbano, porque está hecha pensando fundamentalmente en la carretera.

A su juicio, no se trata de suprimir garantías jurídicas a los infractores ni de imponer multas de elevada cuantía, sino de tener un sistema sancionador que funcione y tenga en cuenta la gran cantidad de infracciones menores que se producen, el acceso directo a la información sobre los dueños de los vehículos, así como la posibilidad de simplificar los trámites n la comunicación de las denuncias.

Como ejemplo de sus argumentaciones, De la Rica puso de relieve que con la nueva legislación el estacionamiento indebido de un coche en un carril reservado para el transporte colectivo es considerado solamente como una infracción leve.

El director de Servicios de Circulación del Ayuntamiento de Madrid hizo estas reflexiones durante una jornada de conferencias que, bajo el título "Movilidad y entorno urbano", se celebraron en el Centro Cultural Conde Duque, con l patrocinio de la Confederación Española de Automoción y la Casa de la Villa.

De la Rica, que presentó una ponencia sobre la movilidad de las grandes ciudades, enumeró una serie de remedios para evitar la congestión circulatoria que afecta a las grandes urbes.

Entre ellas citó la potenciación del transporte colectivo, la creación de infraestructuras que ofrezcan alternativas a los itinerarios colapsados, la construcción de pasos a distinto nivel y la regulación centralizada del tráfico mediante omputadores.

INGENUIDAD

Respecto al primer punto, advirtió que, sin embargo, no hay que ser demasiado ingenuos, ya que cualquier mejora en las condiciones del trafico no deja de ser un incentivo para un mayor uso del vehículo particular.

"En términos coloquiales", señaló, "podríamos decir que todos somos favorables a que se mejoren los transportes para que los demás utilicen el transporte colectivo y así circular mejor con nuestro coche".

También aludió a la necesidad de que todos los respnsables de las administraciones mantengan una actitud coherente con sus postulados de primar el transporte público sobre el privado.

De la Rica admitió que un ministro o un alto cargo use el automóvil por razones de seguridad, "pero produce auténtica perplejidad", subrayó, "ver cómo la inmensa mayoría de las oficinas de toda clase de organismos públicos que oficialmente propugnan la restricción del vehículo particular hacen auténticas filigranas para explicar al Ayuntamiento que necesitan facilidades ara los coches oficiales y particulares de sus funcionarios".

Finalmente, mencionó otras medidas encaminadas a restringir el uso del automóvil, como las prohibiciones de paso a determinados vehículos en ciertos momentos y zonas, la dedicación de carriles para vehículos de alta ocupación en los accesos de la ciudad y la implantación de distintos tipos de peaje urbano.