El Congreso de los Diputados aprobó ayer, por 313 votos a favor, un acuedo para que una comisión de expertos elabore un informe sobre la ubicación de los documentos de la Generalitat despositados en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca.

Para Jaramillo, si se trasladasen los documentos reclamados por la Generalitat de Cataluña, el archivo "perdería coherencia y quedaría tocado de muerte y desaparecería".

A su juicio, la comisión de expertos no va a ser tan decisiva acerca del recuento de los documentos que generó la Generalitat en la II República como sobre su dstino. "En esencia, sabemos cuáles son esos documentos; a lo sumo habrá pequeñas diferencias sobre algunos", argumentó.

Jaramillo expresó sus esperanzas en que la citada comisión comprenda que los fondos del Archivo de Salamanca "son un patrimonio colectivo de todos los españoles que hay que mantener como tal", inclinándose por dejarlos en Salamanca. Asimismo, advirtió del riesgo de que, en caso contrario, otras comunidades reclamen su parte.

Explicó que lo que hay en el Archivo de Salamanca es ua selección de documentos (expedientes personales, listas de personas, nóminas y fichas policiales) incuatados tras la Guerra Civil a la Generalitat y a la Administración Republicana en general y utilizados desde 1939 hasta 1977 para informar sobre 'el enemigo' del general Franco, con una finalidad de control y represión.

Jaramillo agregó que la documentación existente en el Archivo de Salamanca forma un todo indesgranable y continuo, integrado por una serie de documentos requisados durante una determnada época y creados para un mismo fin, de tal manera que una parte no se puede entender si el resto.

Para el director de la Sección Guerra Civil del Archivo de Salamanca, el problema está en cómo aunar los intereses políticos y los documentales.