Salabert compareció junto el secretario general de Empleo, Jesús Arango, y el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Jesús Arngo, quien explicó que el déficit del INEM será financiado mediante un crédito extraordinario.

El INEM tendrá el año que viene un presupuesto de 1.896.000 millones de pesetas, de los que 1.500.000 millones se destinarán a prestaciones de desempleo, es decir, un 3,4 por ciento más de lo que finalmente se abonará en 1991.

Salabert expresó su confianza en poder obtener con este presupuesto un año de "paz financiera" a salvo de desviaciones presupuestarias, para estar en condiciones de preparar la reorma del INEM, que comenzará a negociarse el próximo viernes con los interlocutores sociales.

A su juicio, es necesaria una política de empleo "más agresiva" a la hora de fomentar la creación de empresas, pero sabiendo que es "una ficción" pensar que los empresarios crean empleo porque les dan subvenciones.

Reconoció que sólo el 10 por ciento de las colocaciones se efectúan a través de las oficinas del INEM "porque el resto encuentran empleo solos", pero recalcó que siempre habrá un colectivo de arados, entre los mayores de 55 años y los analfabetos, a los que deberá atender este instituto.

Admitió asimismo que, mientras haya oficinas de empleo con siete funcionarios para atender a 20.000 parados y en las que sea preciso guardar cuatro horas de cola, "la gente dirá que el INEM es un desastre".

Finalmente, Salabert indicó que del presupuesto del INEM para formación profesional, que ascendía este año a 145.000 millones de pesetas, sólo se había gastado el 30 por ciento a finales de setiembe.

Adujo como explicación que los pagos de los cursos se concentran a finales de año, si bien también tuvo que reconocer que un 25 por ciento de los mismos quedarán pendientes para 1992.

MAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Por su parte, el secretario general de Empleo, Jesús Arango, cifró en 150.000 millones de pesetas el coste adicional que supondrá para las empresas el aumento en un punto de la cotización por desempleo.

Arango justificó la medida, argumentando que las consecuencias del par deben recaer sobre las cotizaciones a la Seguridad Social y no sobre los impuestos que pagan todos los españoles, y negó que suponga un incumplimiento de los compromisos alcanzados con la patronal CEOE.

Asimismo, defendió el mantenimiento de las principales modalidades de contratación temporal, por entender que tener un empleo de seis meses, con la experiencia profesional que aporta, "es preferible a la psicosis de no encontrar trabajo".

Reconoció, no obstante, que el 66 por ciento de las altas n el seguro de paro son consecuencia de rescisiones de contratos temporales, lo que se ha convertido en una de las causas de la desviación registrada este año en el presupuesto de las prestaciones de desempleo.

Respecto a la formación profesional en las empresas, insistió en que es necesario un acuerdo interconfederal entre los sindicatos y la patronal, para el que adelantó el apoyo del Ministerio de Trabajo.

MULTAS

Por su parte, el subsecretario de Trabajo, Carlos Navarro, informó que en el prmer semestre de 1991 fueron abiertos 63.000 expedientes por impago de cuotas a la Seguridad Social, con una propuesta de sanciones de 48.000 millones de pesetas.

También se levantaron 22.156 actas de infracción en materia de empleo y 13.471 por incumplimientos de la normativa de seguridad e higiene.

Navarro reconoció, sin embargo, las dificultades de su departamento para aumentar el número de inspectores de Trabajo y controladores laborales, puestos que se cubren mediante oposición, y vaticinó qu tampoco en 1992 podrán cubrir las 100 plazas que serán convocadas. Actualmente, la plantilla está formada por 516 inspectores y 701 controladores.

Por último, explicó que las medidas de apoyo para el asentamiento de inmigrantes contarán el año que viene con un presupuesto de 111 millones de pesetas.

Añadió que, con fecha de 7 de octubre, se habían presentado 70.000 solicitudes de inmigrantes dentro del plan para regularizar la presencia de este colectivo en España, y afirmó que podrán ser atendias "casi en su totalidad".