La motivación de esta autorización está basada en la eficacia, que se concreta en la participación del personal activo como consecuencia de las funciones de control que les corresponde ejercer en los órganos rectores de sus empresas, explica el Gobierno.

También se considera que la representación de los intereses de la SEPI debe recaer en el personal que puede aportar un mejor conocimiento de los problemas suscitados en el ámbito específico de las responsabilidades que ejercen.