Los responsables del PSOE no ven con malos ojos el objetivo de la propuesta, pero creen que entrañaría una reforma legislativa de enorme calado "que sería problemático llevarla a cabo en estos momentos".

Además, recuerdan que la proposición no de ley de Cosculluela emplaza al Gobierno a enviar la reforma a las Cortes en un plazo de seis meses, que consideran muy poco tiempo.

El Comité Permanente del Grupo Socialista discutirá previsiblemente mañana de nuevo este asunto, tomando como ase el dictamen que se le encargó antes de Semana Santa al portavoz en la Comisión de Justicia e Interior, Javier Barrero.

La reforma que pide Cosculluela consistiría básicamente en atribuir la instrucción de los procedimientos penales con carácter exclusivo al Ministerio Fiscal, de forma que los jueces, titulares en la actualidad de esta función, queden apartados de la misma y se les reserve exclusivamente la función de valorar las pruebas y juzgar.