"En los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía figura, efectivamente, una requisitoria de 'detención y presentación' contra el mismo (Paesa), ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional en fecha 13 de febrero de 1989 en virtud del sumario 9/89, la cual quedó 'sin efecto', es decir, anulada, en fecha 10 de octubre de 1991, como así consta también", indica la DGP enuna nota.

El comunicado continúa: "Por ello, si hubo algún error nunca debe ser achacado a los 'ordenadores policiales' en sentido general, siendo asimismo incierto que 'nadie en el Ministerio del Interior se hubiera preocupado de suprimir de los listados de personas buscadas por la Policía o por la Justicia' el nombre de don Francisco Paesa, tal y como consta en un rotativo de difusión nacional".

La nota concluye indicando que, por tanto, debe quedar clara "la diligencia y el exquisito cuidado oservado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía -que en ningún momento participaron en la detención- en el cumplimiento de las instrucciones de los juzgados y tribunales, más cuando se trata de un asunto como el presente que puede afectar a los derechos individuales de los ciudadanos".