Maestro explicó a Servimedia que, actualmente, la normativa comunitaria exige como margen de solvencia la disposición de un patrimonio equivalente al 16 por cien de las primas que tiene la compañía, y que con este nivel de garantías, las posibilidades de que una empresa quiebre se reducirían al 0,3 por cien, es decir, serían "prácticamente nulas".

El directivo de Seguros, que intervino en Foroseguo'93, indicó que estos niveles de solvencia no se aplican en España, lo que motiva buena parte de las quiebras de los últimos años y una calidad en las coberturas de algunas firmas que no es la aconsejable.

Asimismo, advirtió del riesgo que entrañan las compañías de seguros que se lanzan a la oferta masiva de pólizas en algunas ramas de riesgo sin la suficiente infraestructura de gestión, con el fin de hacer rentable la introducción en una franja de mercado, ya que estas actitudes conllevan una escasacalidad en el servicio prestado.

El proyecto de ley de reordenación del sector asegurador, paralizado en el Senado por la convocatoria de las últimas elecciones generales, recogía un incremento de los niveles de solvencia de las compañías, aunque no en los niveles que en un principio había pensado la DGS, como consecuencia de las negociaciones mantenidas con los representantes de las empresas para reducir el efecto sobre los balances de las empresas.

Con la propuesta del Gobierno, las entidades d seguros tendrán que desembolsar 272.000 millones de pesetas en nuevos capitales, lo que elevaría la garantía del sector a 335.000 millones de pesetas. A pesar de ello, la patronal del sector, Unespa, estima en 365, de unas 306 compañías, las que presentarían problemas de insuficiencia de capitales de aplicarse finalmente la ley, tal y como está.

También intervino en la jornada el magistrado del Tribunal Supremo, Jaime Santos, quien señaló que aunque es bueno que la legislación sobre seguros gire en trno a la protección del cliente, advirtió que las compañías necesitan un margen, y que la defensa del consumidor no puede ser ilimitada.

En su opinión, las pólizas son contratos en los que el sucriptor del seguro debe conocer los detalles, "la letra pequeña", y no cabe una legislación que quite responsabilidades al asegurado por desconocimiento de las condiciones generales del acuerdo.