En un auto hecho público hoy, el Alto Tribunal decide paralizar la investigación sobre el presunto delitocometido por el diputado, a la espera de recibir autorización del Congreso para poder proceder contra él.

El Tribunal Supremo considera que el alcalde de Tarragona podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias cuando, en 1994, facilitó a un abogado -amigo personal-, la concesión de una licencia para instalar un túnel de lavado en el barrio tarraconense de Torreforta.

Es la primera ocasión en la que el Supremo pide el suplicatorio para investigar a un diputado de CiU. Además, se hasolicitado al juzgado de instrucción número 5 de Tarragona, que hasta ahora había intruído este sumario, que remita toda la documentación al Alto Tribunal.