"Las mujeres maltratadas tienen hoy instrumentos a su servicio para poder salir de la situación en la que están y recuperar su libertad. Que denuncien enseguida, que hoy estamos preparados para atenderlas. Que las Administraciones cuentan con servicios que van a ayudarlas, que no se sientan solas nunca más", aseguró a Servimedia Monteserín.

Por su parte, Susana Camarero del PP, destacó que este premio "pone en valor la lucha contra la violencia de género, una lucha que es de todos".

Asimismo, aseguró que "la Ley contra la Violencia de Género no es suficiente para frenar este problema. Es un fenómeno tan arrigado en el tejido social que es muy dificil de erradicar. Nosotros, aunque apoyamos este ley fuimos muy críticos porque sabíamos que no iba a ser la panacea, que la violencia de género no se iba a resolver de un día para otro. ¿Cómo es posible que salgan hijos en los medios de comunicación diciendo que sabían que su padre maltrataba a su madre y no le denunciaron?", se lamentó Camarero.

Merce Pigem, diputada de CiU recordó que "de la violencia se puede salir y es necesario que las mujeres maltratadas denuncien, que den el primer paso enseguida, que las administraciones tengan conocimiento del problema para ayudar a la mujer a resolverlo".

Uxué Barkos, del grupo Mixto, quien afirmó que el premio del CGPJ es un premio para toda la Cámara, considera "absolutamente necesario que se produzcan las denuncias, aunque comprendo perfectamente que algunas víctimas tarden en denunciar porque hay muchos condicionantes y porque todavía la Administración tiene mucho que hacer en este tema".

Margarita Uría, del PNV, se pronunció de forma parecida a sus compañeras pero se preguntó "¿por qué la sociedad sigue generando ese tipo de conductas, que alguien se cree dueño de alguien y la maltrata? También me preocupa por qué hay mujeres que acaban perdonando a sus maltratadores", lamentó Uría.

La única nota discordante en el discurso común de las premiadas la puso la diputada Carme García de IU quien afirmó que no cree que la Administración, que los mecanismos de protección estén dispuestos y preparados para atender a las mujeres que sufren maltrato.