La Diputación vizcaína tomará esta iniciativa en cumplimiento de una proposición no de norma que había presentado el PP y que fue aprobada ayer por las Juntas Generales de esta provincia, con apoyo de populares, PNV, PE y EA.

El PP indicaba en la proposición que los actos de "kale borroka" no pueden seguir "saliendo gratis" a sus autores, por lo que la Diputación debería actuar judicialmente en estos casos.

Los partidos abogan por terminar con la "absoluta impunidad" existente, de modo que los saboteadores asuman el coste de los daños que efectúan a los bienes públicos, como sucede con los autobuses calcinados.

La proposición añade que la responsabilidad de las acciones de violencia callejera debe recaer en el bolsillo de los autores y no sobre el resto de la sociedad. No es justo que una barbaridad como ésta siga saliendo gratis a los que la realizan".

Por este motivo, la Diputación de Vizcaya se personará en todos los procesos judiciales en los que se hayan visto dañados sus intereses con ocasión de actos de vandalismo, de modo que se exijan responsabilidades penales y pecuniarias a los autores de las acciones o subsidarias a sus familiares, en el caso de que fueran insolventes.