El PP defendió en solitario la iniciativa, mientras que el resto de los grupos insistió en que Solbes no podría informar de nada, puesto que la decisión sobre la OPA corresponde el Consejo de Ministros y éste aún no se ha pronunciado.

El portavoz popular de Economía, Vicente Martínez-Pujalte, adujo que la realización de la OPA generaría un "monopolio de las redes", que constituiría "un monopolio de facto en ciertos territorios" y que sería "una barrera de entrada para otros competidores".

Martínez-Pujalte se preguntó: "¿si esto es malo para los consumidores por qué el Gobierno apoya esta operación?", a lo que respondió afirmando que esta operación es una de las condiciones que permitieron conformar el gobierno tripartito catalán.

Pujalte insistió reiteradamente en este argumento a lo largo de su intervención y dijo además que "este acuerdo ha costado dinero de los fondos estructurales" europeos, que, a su juicio, el Gobierno vendió a cambio de que la Comisión Europea le permitiera tomar la decisión última sobre la OPA.

Además, acusó a la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía de "maniobrar" a favor de la OPA de modo partidista, una actuación que, bajo su punto de vista, debería haberle costado la inhabilitación.

Según el PP, esta operación "va a subir precios, va a bajar la calidad del servicio" y, por tanto, "no es mucho pedir que comparezca Solbes antes de que la operación se decida". "Nadie está quitando al Gobierno su potestad de decidir sobre la OPA, pero que oiga a los grupos antes de tomar la decisión no ofende a nadie".

"BURRADA"

Ricardo Torres, del PSOE, respondió al portavoz popular que su intervención se resume en "especular sin pruebas" sobre la relación de esta operación con el tripartito catalán, "y usted sabe que no tiene nada que ver".

Para Torres, el diputado del PP está "distanciado de la realidad e instalado en un análisis partidista para sacar provecho de una operación empresarial". Además, le espetó que las acusaciones sobre los fondos estructurales son "una burrada".

El PSOE insistió en que el Gobierno dispone de un mes a partir del 5 de enero, en que el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó su informe para decidir si apoya, rechaza o pone condiciones a la OPA, y, en todo caso, tendrá que explicar sus discrepancias con el órgano consultivo en caso de que se produzcan.

Torres acusó al PP de "politizar" este asunto basándose en un informe que "se aparta de la doctrina" del propio Tribunal de Defensa de la Competencia sobre fusiones como la de Endesa e Iberdrola, que el Gobierno popular vio con buenos ojos.

Además, el portavoz socialista recordó que cuanto se pidió una comparecenica del ministro responsable sobre aquella operación, el PP la aceptó "seis meses más tarde y a la acumuló con otras operaciones posteriores".

Joan Villajoana, de CiU, justificó su voto negativo a la petición del PP en el hecho de que la OPA de Gas Natural sobre Endesa ha sido utilizada como "arma política" por el PP.

Recordó que los populares apoyaron en su día la fusión Endesa-Iberdrola, que significaba la concentración del 80% del mercado eléctrico, y hoy se oponen a la operación impulsada por Gas Natural, al tiempo que les instó a "despolitizar" este asunto.

En nombre de ERC, Joan Puig dijo que la iniciativa del PP no merece el tratamiento de urgente y criticó duramente la vinculación que hacen los populares de esta operación empresarial con el Pacto del Tinell, que dio lugar al Gobierno catalán.

El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, argumentó quese pronunciará sobre la OPA cuando el Gobierno tome su decisión. En todo caso, se pronunció a favor "de la regulación y del intervencionismo" en sectores estratégicos.

Para IU, lo esencial es que haya "menor poder de los oligopolios, que exista capacidad política de intervenir y regular el mercado para defender objetivos generales de los usuarios y el medio ambiente y que los trabajadores de las empresas no salgan perjudicados".

Josu Erkoreka, en representación del PNV, dijo que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia que cita el PP en su solicitud de comparecencia es sólo "uno más" de los emitidos por organismos reguladores y el único favorable a las tesis del PP, realizado por una institución que se ha revelado "nada imparcial, nada independiente y sectaria".

Siguiendo esta línea argumental, el portavoz del PNV dijo no ver "elementos de urgencia" para que Solbes tenga que comparecer en el Congreso en período de vacaciones parlamentarias.

En nombre del BNG, Francisco Rodríguez argumentó su abstención en el hecho de que ninguna de las empresas implicadas en la operación tiene su sede fiscal en Galicia, aunque advirtió de que su grupo vigilará el mantenimiento de los compromisos empresariales con esta comunidad autónoma, con el objetivo último de que compense el "expolio" de años sobre su territorio. Coalición Canaria tampoco respaldó la comparecencia con carácter de urgencia de Solbes.