En un manifiesto, la diputación solicita también a las administraciones públicas que adopten las medidas necesarias para la adecuada coordinación entre los servicios sociales, los sanitarios, los órganos judiciales y las instituciones tutelares, públicas o de iniciativa social.

Del mismo modo, reclama a las instituciones judiciales que en desarrollo de su responsabilidad, se pongan al servicio de las personas, físicas o jurídicas, que ejercen la tutela de los adultos incapacitados en situación de desamparo.

El manifiesto pide a su vez a las entidades y fundaciones tutelares que desarrollen la función tutelar conindependencia, transparencia y eficiencia, así como que sean respetuosas con la personalidad, características y capacidades del tutelado.

Concretamente, el texto exige a las fundaciones tutelares que no anulen a la persona a la que tutelan y que le complementen sólo en aquello en que verdaderamente necesite.

En esta línea, la diputación guipuzcoana cree que estas entidades deben dedicar una especial atención a los apoyos humanos, personales, afectivos y relacionales, por su notable incidencia en la calidad de vida de sus usuarios.

En sintonía con lo anterior, hace un llamamiento a los propios discapacitados para que exijan que el ejercicio de la función tutelar respete en todo momento sus capacidades, por muy disminuidas que éstas puedan encontrarse, complementándolas únicamente en lo que resulte indispensable para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Por último, pide a las familias de los discapacitados que preparen el futuro de sus hijos incapacitados o susceptibles de serlo, asegurándose de que dispongan cuando ellos falten de los apoyos familiares y afectivos que precisen, así como de los recursos económicos que permitan garantizar en la medida de lo posible su futuro bienestar.