El nuevo protocolo da respuesta al déficit actual de las haciendas locales, ofreciendo la posibilidad a los ayuntamientos de destinar hasta un máximo del 25% del volumen que correspondería a infraestructuras y equipamientos al ámbito de igualdad, servicios y actividades, con el objetivo de reforzar los recursos destinados a los gastos corrientes para políticas sociales y de ciudadanía.

En este sentido, el dictamen aprobado hoy consolida el sistema de concertación entre los ayuntamientos y la Diputación de Barcelona para pactar el contenido de la cooperación en el ámbito de infraestructuras y equipamientos.

Asimismo, con respecto a servicios y actividades, el nuevo protocolo consagra el concurso público como procedimiento ordinario de otorgamiento de ayudas.