El senador preguntaba por la información que posee la Administración y las gestiones que está efectuando para frenar las operaciones de evasión fiscal que se realizan amparándose en la condiión de refugio fiscal de Gibraltar.

En su respuesta, el Gobierno asegura que el Ministerio de Economía y Hacienda está realizando actuaciones de identificación de los inmuebles situados en España que son propiedad de sociedades domiciliadas en Gibraltar, para obligar a sus titulares a pagar los correspondientes impuestos.

"Actualmente", agrega, "se tienen ya inventariadas más de 5.000 entidades gibraltareñas, cuyas propiedades inmobiliarias en la provincia de Málaga tienen un valor catastral de 4.000 millones de pesetas, aproximadamente".

El Gobierno ha detectado que la transmisión de la propiedad de estos inmuebles se realiza habitualmente sin que devengue en España ni los impuestos indirectos que gravan este tipo de transacciones ni el Impuesto de Sociedades que puede ser aplicable a los incrementos patrimoniales.

Para ello, los evasores se valen de que, aunque las sociedades residentes en Gibraltar están sujetas al Impuesto de Sociedades a un tipo del 40 por ciento, se considera no reidentes y, como tales, no sujetas al tributo, a las empresas controladas por extranjeros que no realicen operaciones en La Roca.

CENSO DE CONTROL

Las medidas que ha adoptado la Administración para controlar este tipo de evasión fiscal parten de la elaboración de un censo de inmuebles situados en España que pertenecen a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

A partir de ese censo, el Gobierno tiene previsto aplicar las disposiciones de control y sanción previstas en el nuevo Impuesto de l Renta, que comenzará a aplicarse en la declaración de la renta ganada en 1992.

Esta ley crea, en una de sus disposiciones adicionales, el Impuesto Especial sobre Sociedades, al que quedan sujetas las entidades no residentes en España que posean en su territorio bienes inmuebles. El nuevo impuesto se exigirá aplicando el tipo del 5 por ciento sobre el valor catastral de los inmuebles y se devengará el 31 de diciembre de cada año.

A juicio del Gobierno, "con la implantación de esta nueva figura imositiva, se va a conseguir cerrar la vía de la evasión fiscal detectada en las operaciones inmobiliarias realizadas a través de entidades domiciliados en paraísos fiscales".