Fuentes judiciales informaron a Servimedia de que esta medida podría tomarse debido a que el inventario de los bienes de las "herriko tabernas" ha sido ordenado por el Supremo en aplicación de la sentencia por la que se ilegalizó Batasuna, resolución que estaba basada en la Ley de Partidos.

Esta norma, que entró en vigor en junio de 2002, establece en su artículo 12, referido a los "Efectos de la disolución judicial", el destino que puede darse a los bienes de una formación ilegalizada.

En concreto, en este artículo se explica que la disolución de un partido como Batasuna "determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora".

La Ley de Partidos añade que, una vez llevado a cabo este proceso, "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario".

Las fuentes judiciales consultadas aseguraron que en el caso de las "herriko tabernas" el destino a los bienes embargados podrían ser las víctimas del terrorismo, en la medida en que el embargo está relacionado con la ilegalización de Batasuna.