A ellos hay que añadir las 3.950 diligencias previas sobre supuestos delitos relaionados con los incendios forestales que se han iniciado en los distintos juzgados.

Sin embargo, la propia memoria reconoce que, si bien este tipo de acciones suelen ser consideradas, penalmente, como delitos contra la propiedad, "en buena medida ello no es exacto".

De los 616 procedimientos abiertos por delitos ecológicos, 342 corresponden a la provincia de Valencia, lo que supone el 56 por ciento del total nacional.

Por el contrario, en otras diez provincias (Albacete, Alicante, Baleares, astellón, Las Palmas, Navarra, Pontevedra, Salamanca, Teruel y Toledo) no se seguió procedimiento alguno.

En algunas, como Avila, Cuenca, Guadalajara, Lérida, Santa Cruz de Tenerife o Zamora, sólo fue iniciada una diligencia previa en todo el año.

PROVINCIAS MAS ACTIVAS

Por el contrario, los juzgados que más actividad presentaron en relación con este tipo de faltas fueron los de Barcelona, con 15 diligencias previas, Cádiz (16), Málaga (16), Guipúzcoa (43) y Valencia.

La memoria asegura qu el origen de estos procedimientos son, principalmente, los vertidos de sustancias residuales contaminantes, vertidos tóxicos en aguas fluviales sin tratamiento depurador que provocan graves alteraciones en el ecosistema y la fauna acuática, los vertidos atmosféricos, las explotaciones de canteras de forma irregular y la acción humana sobre especies animales protegidas.

"No faltando", agrega, "en Galicia por supuesto, en donde todavía existen algunos ejemplares de esas alimañas, algún procedimiento po envenenamiento de lobos".

Sin embargo, reconoce que el año pasado no hubo ninguna apertura de diligencias penales "contra quienes cometen, directa o indirectamente, el grave atentado ecológico de dar muerte a especies rapaces especialmente protegidas y en peligro de extinción, al esparcir sin autorización cebos envenenados por los cotos privados en donde se explota la caza de la perdiz".

Asimismo,, el documento destaca la labor realizada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Barceona, por investigar a empresas que supuestamente efectuaban vertidos contaminantes a las aguas fluviales de Cataluña.

POCOS PROCEDIMIENTOS

No obstante, la Fiscalía General del Estado reconoce que los procedimientos iniciados en 1990 por delitos del artículo 347 bis del Código Penal son pocos, "si tenemos en cuenta la grave degradación del medio ambiente".

El artículo 347 bis, que materializa la base constitucional para la protección del medio ambiente, impone la pena de arresto mayor y una mult que oscila entre las 175.000 y los 5.000.000 de pesetas a quien realice, directa o indirectamente, vertidos de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas, poniendo así en peligro la salud humana o perjudicando gravemente las condiciones de la vida animal, bosques o espacios naturales.

El informe añade que este precepto apenas ha sido aplicado, en contraste, dice, con las múltiples y crecientes agresiones ecológicas y el proceso de degradación de espacios y recursos naturales que padece nuetro país.

Respecto a los incendios forestales, los juzgados de las provincias gallegas, a excepción de Pontevedra, y junto a Santander, fueron los que iniciaron un mayor número de diligencias previas.

En el lado opuesto, destacan los de Avila, Almería, Baleares, Cádiz, Guipúzcoa, Las Palmas, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra y Salamanca, que no iniciaron ninguno.