El pasado mes de julio, el oficial José Ignacio Suárez expusó al ministro del Interior, José Luis Corcuera, los fallos existentes en la organización del trabajo de los artificeros, después de la celebración de los funerales por dos compañeros suyos que fallecieron en Madrid al tratar de desactivar un paquete-bomba remitido por ETA.

Según el SUP, tras de la muerte de los agentes, el Ministerio del Interior habilitó un presupuesto extraordinario para dotar de 16 nuevas furgonetas a la unidades de TEDAX y se interesó por tener una "detallada relación de sus necesidades".

El sindicato afirma que el policía ha sido sancionado de forma encubierta y que este hecho ha provocado "un grado más de crispación en las relaciones entre la Administración y los sindicatos policiales". Asimismo, apela al recién nombrado director general de la Policía, Carlos Conde Duque, para que medie en la situación.

José Ignacio Suárez recibió ayer una notificación de la Dirección General de la Policía (DP), en la que se le comunicaba su traslado al Servicio de Seguridad de la Comisaría de Documentación.

El agente indicó a Corcuera, según fuentes sindicales, que todas sus quejas estaban expuestas en un informe redactado por él y que fue remitido a la DGP en marzo de 1989, sin haber obtenido respuesta.

Ese "dossier" es el que el SUP pretende difundir, si la DGP no restituye en su antiguo puesto de trabajo a su afiliado.