Según la FRAVM, el convenio recoge un plazo máximo de un mes durante el cual Gas Madrid se compromete a tramitar los expedientes y proceder a las devoluciones del dinero a los clientes.

A lo largo de 1991, la federación tramitó un total de 3.739 expedientes y tan sólo 1.703 usuaios recibieron la subvención, es decir, menos del 50 por ciento de los solicitantes.

Igualmente, la FRAVM denunció que la aportación económica al convenio por parte de la Comunidad de Madrid aún no ha sido completada para el año 1991, ya que faltan 31 millones de pesetas por entregar.

Otro tanto ocurre con el Ayuntamiento de Madrid, que en un pleno celebrado en 1989 se comprometió a aportar 25 millones para el Fondo de Reconversión del convenio para 1990, compromiso que, a juicio de la federación ha sido incumplido.

300 MILLONES

Por su parte, la dirección de Gas Madrid difundió un comunicado en el que señala que en los últimos cuatro años ha aportado más de 300 millones de pesetas al fondo creado en colaboración con la CAM y la FRAVM para subvencionar el cambio de instalaciones de gas de familias con bajo nivel adquisitivo.

La empresa añade que la gestión del fondo de subvenciones la realiza una comisión de seguimiento en la que participan representantes del Gobierno regional, asociacines de consumidores y federación de vecinos, además de la compañía.

"Los retrasos que puedan producirse en el pago de las subvenciones se derivan", indica la nota, "de la necesidad de comprobar que los datos aportados por los solicitantes de las ayudas son ciertos y se ajustan a las condiciones previstas para la concesión de las subvenciones".

Gas Madrid reitera, además, que dicho fondo fue instituido con el fin de ayudar a las personas de menor capacidad económica a renovar las instalaciones de as que se encontraban en malas condiciones de uso, y no tiene ninguna relación con el plan de conversión que la compañía lleva a cabo desde 1987.

Por su parte, la FRAVM ha reclamado que el plazo de cobro sea inferior a tres meses, que se clarifiquen los criterios de la documentación requerida y que el Ayuntamiento y la Comunidad aporten definitivamente las cantidades a las que se comprometieron en su momento.