Así lo expresó hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, tras la reunión de la Mesa de diálogo social para la reforma de las pensiones y de la Seguridad Social, en la que participan el Gobierno, los sindicatos y la patronal.

Hasta ahora, tienen posibilidad para jubilarse a los 65 años aquellos trabajadores que iniciaron su cotización a la Seguridad Social antes del 1 de enero de 1967, que son actualmente 1.200.000, según los datos facilitados hoy por el Mnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.

"La generalización de la jubilación es una postura que no es compartida por el Gobierno", insistió Camps, quien sí aseguró que la pretensión del Ejecutivo es que la edad "real" de jubilación de los trabajadores españoles se acerque cada vez más a los 65 años, puesto que ahora está en poco más de 62 años.

En este sentido, el Ejecutivo ha anunciado ya su pretensión de eximir del abono de las cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que decidan seguir rabajando más allá de los 65 años y a sus empresarios.

Por su parte, los secretarios de Política Institucional de CCOO y UGT, José Luis Sánchez y Pedro Díaz-Chavero, respectivamente, advirtieron al Gobierno de que la generalización de la jubilación anticipada es un asunto "clave" para los sindicatos y, si no se acomete, "el acuerdo será muy difícil".

PREJUBILACIONES

Otro de los asuntos destacados del diálogo social es el tratamiento de las prejubilaciones y de los trabajadores de entre 45 y 55 ños que se quedan fuera del mercado laboral.

Los sindicatos insisten en diseñar algún modelo de cobertura para estos parados de difícil inserción, mientras que el Gobierno ya ha planteado un sistema: luchar contra los procesos de prejubilación de las empresas, impulsar su recolocación mediante cursillos y otros modelos de inserción laboral y, si esto no funciona, habilitar un apoyo económico que no les deje desatendidos.

Camps puso como ejemplo un trabajador que, con 30 años de cotización, se quea sin trabajo a los 52 años, luego recibe el desempleo durante otros dos y pasa a cobrar el subsidio de paro hasta que puede jubilarse. Ahora bien, la jubilación, al calcularse sobre los últimos años de cotización -que han sido muy bajos-, le supone una pensión mínima.

En estos casos, según precisó Camps, es donde el Ejecutivo quiere buscar un modelo para compensar a estos trabajadores que, aunque no está definido, podría pasar por apoyar sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el tiempo que esán sin trabajo o recibiendo el subsidio de desempleo.

CALENDARIO

A pesar de que este asunto divide a los negociadores, tanto Gobierno como patronal y empresarios se han marcado un calendario de reuniones para el mes de febrero, con la confianza en que antes de marzo haya un acuerdo en la mesa de diálogo social para la reforma de las pensiones y la Seguridad Social.

Gerardo Camps aseguró que el diálogo social sigue caminando a buen ritmo y confió en un "final feliz" pronto, mientras que el secreario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, vaticinó un acuerdo en un "plazo breve", ya que no se trata de "eternizar" el debate, sino de llegar a soluciones.

Por su parte, los responsables sindicales José Luis Sánchez y Pedro Díaz Chavero mostraron "ciertas esperanzas" de alcanzar acuerdos, al apreciar buena disposición por parte del Gobierno y de los empresarios. "El Ejecutivo ha hecho una manifestación expresa de llegar a acuerdos y esto es bueno", dijeron.

Todas las partes coincidieron en ue hay asuntos con mayor facilidad para el acuerdo, como la dotación del fondo de reserva de las pensiones con un billón de pesetas y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Por el contrario, hay otros puntos con graves diferencias, como la rebaja generalizada de cotizaciones a la Seguridad Social que piden los empresarios pero rechazan sindicatos y Ejecutivo. "El Gobierno no es partidario de la rebaja generalizada de cotizaciones", dijo Camps, quien prefirió apostar por el matenimiento de las bonificaciones a la creación de empleo.