El principal avance es que la patronal ha aceptado por primera vez hablar de controlar los contratos temporales y presentará el lunes sus propuestas concretas en este sentido, respondiendo a la oferta hecha hoy por los sindicatos.

Tras la reunión de esta mañana, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ferando Puig-Samper, aseguró que el diálogo social "sigue vivo", mientras que su colega de UGT, Toni Ferrer, destacó que la reunión ha servido para que, por primer vez, los empresarios no hablen sólo de rebajar el coste del despido y sí de temporalidad.

Estas palabras fueron confirmadas por el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, quien subrayó que los empresarios "no sólo hablamos de despido", sino que también se marcan como prioridad analizar el uso de contratos temporales y "conocer la tas de temporalidad que puede corresponder al mercado laboral español" para acercar el número real de contratos temporales a los imprescindibles.

Sin embargo, no existe coincidencia en los tiempos para lograr el acuerdo puesto que, mientras los sindicatos no tienen prisa hasta abril de 2001, fecha en la que caduca el acuerdo firmado en 1997, la CEOE pide una acuerdo "cuanto antes", en línea con la urgencia mostrada por el Gobierno.

"El Gobierno nos debe dejar trabajar porque tenemos una firme voluntd de acuerdo y lo peor que puede hacer es meterse en medio de la negociación", dijo Puig-Samper, mientras que Toni Ferrer pidió al Gobierno que "utilice" el superávit de la Seguridad Social para impulsar los acuerdos.

PROPUESTA SINDICAL

Los sindicatos pusieron sobre la mesa del diálogo su idea para frenar el "abuso" y "fraude" en la contratación temporal, que afecta a 3,6 millones de trabajadores, de los que además 1,2 millones sufre encadenamiento de este tipo de contratos.

La primera propuest pasa por causalizar los contratos temporales, es decir, que no haya ningún temporal sin que esté justificado exactamente por el trabajo que va realizar. Para el empresario que aun así los utilice, "que los pague" a través de una penalización al término del contrato u otro tipo de sobrecoste a este tipo de contratación, según dijeron los representantes sindicales.

Además, piden que se limite el tiempo de duración de los contratos temporales y su encadenamiento para que no puedan mantener la tónica actal de trabajadores que permanecen 5, 10 o 12 años sin alcanzar la categoría de indefinidos.

Finalmente, solicitan que España adopte la normativa comunitaria que limita el encadenamiento de contratos y obliga a justificar la causa de los mismos, lo que, según los cálculos de los sindicatos, evitaría 1,2 millones de contratos temporales en el mercado laboral español.

Estas propuestas serán contestadas por la CEOE el próximo lunes, según dijo Jiménez Aguilar, quien reconoció un "acercamiento" entre as posturas de los sindicatos y patronal "aunque no son iguales".

De hecho, la pretensión de los empresarios para poder rebajar el coste del despido es fijar en 33 días de indemnización la rescisión de todos los contratos fijos (ahora algunos están en 45 días) y rebajar de 24 a 12 las mensualidades a abonar por penalización de despido. Además, no abandonan su pretensión de que se rebajen las cuotas que abonan a la Seguridad Social.

BUEN CLIMA

A pesar de que al comienzo de esta semana las negociciones entre sindicatos y patronal hubieran quedado oficiosamente rotas, los participantes en la reunión de hoy insistieron en que esto no es así e incluso en que denotan "buen clima", que podría acabar en acuerdo.

"La negociación está viva, en marcha y con confianza en el acuerdo", dijo Puig Samper, a lo que Jiménez Aguilar respondió que la actual situación de la economía española "necesita el acuerdo".

Para los empresarios, la situación de nuestra economía "no es tan boyante" como en 1997, por o que los agentes sociales "debemos hacer un esfuerzo mayor" que en ese año -cuando se firmó la actual reforma laboral-, para conseguir que el crecimiento económico se convierta en empleo.

Eso sí, el secretario general de la CEOE advirtió de que los empresarios no firmarán "cualquier acuerdo", aunque confían, al igual que el Gobierno, en que se llegue a una resolución final "lo antes posible".