Según la plataforma, la confluencia de factores como el género y la discapacidad convierte a las mujeres discapacitadas en un colectivo con grave riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Las cifras que maneja la plataforma apuntan a que un 40% de las mujeres con discapacidad que viven en Eropa sufre o ha sufrido alguna forma de violencia.

El protocolo fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias entre las diferentes organizaciones que integran la plataforma, así como la colaboración para poner en marcha campañas de sensibilización.

Igualmente, las ONG de Acción Social instan en el manifiesto a las Administraciones Públicas a crear recursos y programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres con discapacidad que han sufrido algún tipo de violencia.