En opinión de JpD, "la violencia contra las mujeres es uno de los principales obstáculos al desarrollo democrático de todos los países, y uno de los problemas de salud pública más graves por su dimensión cuantitativa y cualitativa".

La asociación opina que las sucesvas reformas legales aprobadas en España durante este año han mejorado algunas deficiencias técnicas de las leyes, "pero se han presentado como reformas parciales y parches legislativos".

"No se ha abordado este fenómeno criminal de manera integral ni con la necesaria perspectiva de género", lamenta JpD. "El Gobierno ha optado por una técnica legislativa dispersa, no coordinada entre sí y ausente de la necesaria dotación económica presupuestaria. De esta manera se contradicen las recomendaciones de lo organismos internacionales, que aconsejan un abordaje integral del problema".

Igualmente, la asociación de jueces recuerda que "es responsabilidad del Estado asegurar y proteger de la violencia a todos sus miembros, especialmente a los que sufren situaciones de desigualdad, como las mujeres y menores víctimas de malos tratos".

Dentro del ámbito judicial, JpD considera necesario seguir avanzando en la formación y sensibilización de los jueces y fiscales en esta materia, para evitar prejuicios o rspuestas inadecuadas a las situaciones que se plantean cuando las mujeres denuncian ante la Administración de Justicia las amenazas sufridas y el riesgo que sufren.