Este módulo, cuya finalidad es que los aspirantes a jueces reciban una formación adecuada sobre este problema, incluiría visitaslos centros de acogida y centros de tratamiento de las víctimas, con el fin de conocer su realidad.

En opinión de JpD, "la violencia contra las mujeres es uno de los principales obstáculos al desarrollo democrático de todos los países, y uno de los problemas de salud pública más graves por su dimensión cuantitativa y cualitativa".

La asociación opina que las sucesivas reformas legales aprobadas en España durante este año han mejorado algunas deficiencias técnicas de las leyes, "pero se han presetado como reformas parciales y parches legislativos".

"No se ha abordado este fenómeno criminal de manera integral ni con la necesaria perspectiva de género", lamenta JpD. "El Gobierno ha optado por una técnica legislativa dispersa, no coordinada entre sí y ausente de la necesaria dotación económica presupuestaria. De esta manera se contradicen las recomendaciones de los organismos internacionales, que aconsejan un abordaje integral del problema".

Igualmente, la asociación de jueces recuerda que es responsabilidad del Estado asegurar y proteger de la violencia a todos sus miembros, especialmente a los que sufren situaciones de desigualdad, como las mujeres y menores víctimas de malos tratos".

Dentro del ámbito judicial, JpD considera necesario seguir avanzando en la formación y sensibilización de los jueces y fiscales en esta materia, para evitar prejuicios o respuestas inadecuadas a las situaciones que se plantean cuando las mujeres denuncian ante la Administración de Justicia las amenazas sfridas y el riesgo que sufren.