En 1996 la cantidad total que el Inem invirtió en la formación individualizada de discapacitados fue de 8.229 millones de pesetas, y este año, aunque el ejercicio todavía no está cerrado, se superará esa cifra, según adelantó hoy en un encuentro con periodista la secretaria general de Asuntos Sociales,Amalia Gómez.

De los más de 8.000 millones destinados a este fin el año pasado, aproximadamente 6.650 fueron para los Centros Especiales de Empleo, dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El principal objetivo de estos centros, cuya estructura y organización se ajusta a la de la empresa ordinaria, es realizar un trabajo productivo, participando de las operaciones normales de mercado, de forma que aseguren un empleo remunerado a trabajadores discapacitados.

Los Centros Espeiales de Empleo acogen al 83 por ciento de los discapacitados que se benefician de las ayudas para formación individualizada del Inem.

Aproximadamente el 58 por ciento de las personas que acceden a estas ayudas son discapacitados psíquicos, algo más del 31 por ciento físicos y el 10 por ciento sensoriales.

Respecto al tipo de contrato, alrededor del 61 por ciento son indefinidos y el resto temporales. Con relación a la edad de los trabajadores, algo más del 18 por ciento son menores de 25 años.MEDIDAS LEGISLATIVAS

Amalia Gómez señaló que a los más de 8.000 millones que se destinan desde el Inem a la formación de personas discapacitadas hay que añadir los casi 160.000 millones que el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) destinó en 1997 a actuaciones dirigidas a este colectivo.

La secretaria general de Asuntos Sociales dijo que estas inversiones se completan con las medidas legislativas emprendidas por el Ejecutivo para facilitar la integración social y laboral de los iscapacitados.

Además del Plan de Acción para Personas con Discapacidad, puesto ya en marcha y que en 1997 contó con un presupuesto cercano a los mil millones de pesetas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prepara el borrador de la futura ley de apoyo a las personas con dependecencia, dirigida a mayores, discapacitados u otros sectores que requieran asistencia de terceras personas, y la ley de apoyo a la familia, que podría incluir beneficios fiscales para aquellos núcleos familiares en los qe alguno o algunos de sus miembros sean discapacitados.