La presidenta del CCU, Juana María González-Cavada, presentó hoy en rueda de prensa las iniciativasas y destacó que la 11 asociaciones de consumidores que componen el Consejo agrupan a más de 2 millones de ciudadanos.

Antonino Joya, consejero del CCU, manifestó que debería aumentar el peso del consumo dentro del Ministerio de Sanidad y Consumo, que hoy en día es "un monstruo" en Sanidad, pero con muy poca presencia en consumo.

Las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas, ámbito en el que existen "desigualdades en la protección del consumidor" entre unas autonomías y otras, segn Joya.

La trasposición de normativa europea al ordenamiento jurídico español es demasiado lenta en algunos aspectos, se quejan los consumidores. Como ejemplos, las directivas sobre multipropiedad y cláusulas abusivas, que llevan más de 1 año de retraso. Otra directiva aún sin incorporar se refiere a agencias de valores y prevé la creación de un fondo de garantía para inversores. Si hubiera estado en vigor, la suspensión de pagos de la agencia AVA habría sido mitigada por el mencionado fondo, señaló Jya.

El descubierto fraude de las gasolineras ha puesto en evidencia el "fracaso" del sistema de inspecciones, apunta el CCU, lo que lleva al consumidor a perder la confianza en el control que debe realizar la Administración.

Otra de las demandas de los consumidores es que el Tribunal de Defensa de la Competencia cuente con un presupuesto mucho mayor que el actual, ya que ha desarrollado "una labor encomiable", como se puso de manifiesto cuando actuó contra los acuerdos de tarifas en el transporteaéreo.

El sector más reclamado es la vivienda, el 99% de cuyas denuncias acaban en los tribunales ordinarios de justicia, apuntó Agustina Laguna, también consejera del CCU. Esta dirigió asimismo sus críticas contra la Administración de justicia, que como todo servicio público tiene la "obligación de funcionar", señaló.