En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Con la excepción de Andalucía, que cuenta desde 1991 con un reglamento específico históricamente reivindicado por Facua, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dspersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad comunes a todo el Estado.

Facua demanda una norma que regule aspectos tales como "los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores; las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros; la periodicidad de lectura de los contadores y facturación; las condicions de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios; los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio; los conceptos incluidos en las facturas, y los sistemas para la resolución de reclamaciones.

Entre estos últimos, la federación reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.