En este sentido, la DGP "desmiente que desde la Dirección General de la Policía se hubiera encargado informe alguno sobre personas relacionadas con la Magistratura u otros estamentos sociales, políticos o profesionales".

La nota ficial afirma que en esa dirección "no se tiene conocimiento de la existencia del mencionado informe si no es a través de algunos textos periodísticos, siendo por tanto completamente falso que de dicho informe tengan conocimiento el titular de la Dirección ni el subdirector general operativo, ni que haya sido coordinado por el comisario general de Policía Judicial".

La DGP advierte que "en el supuesto de que cualquier funcionario hubiera confeccionado un informe de estas características se le aplicaráde inmediato el régimen disciplinario con la apertura de un expediente para depurar posibles responsabilidades, con independencia de otras acciones que pudieran corresponder a la Autoridad Judicial".

Por último, el texto de la policía deja constancia de que los cambios de destino de los tres funcionarios presuntamente implicados en el caso "han sido debidos únicamente a motivos profesionales e institucionales, circunstancia que está prevista en los reglamentos de personal que afectan a los funcionario del Cuerpo Nacional de Policía".