Alvarez de Miranda, que compareció hoy en la Comisión Mixta Congreso-Senado para debatir el informe anual de 1998, explicó a un grupo de periodistas que el mayor problema que tienen los presos españoles en Marruecos para cumplir sus condenas en España es la falta de dinero para pagar las multas de las sentencias impuestas por los tribunales alauitas.

Durante su comparecencia ante los parlamentarios, el Defensor denunció las condiciones infrahumans en la que vive la población reclusa española en Marruecos. Comentó que visitó una cárcel en Rabat, en la que se hacinaban 18 personas en una celda.

Por ello, pidió a las Cortes que estudie medidas que posibiliten la vuelta a España de estos presos que, por el simple hecho de ser pobres y no poder pagar las multas, no puden cumplir su condena en España.

Alvarez de Miranda también sugirió la movilización de la sociedad civil en esta cuestión, como la recaudación de fondos, para hacer frente al pao de las multas. Además, pidió la colaboración de las ONG's para solventar este problema.

En cuanto a la población reclusa en España, el Defensor del Pueblo recordó los 14 suicidios ocurridos en las cárceles de nuestro país durante 1998 y dijo que todavía se está pendiente del resultado de la investigación de 13 de ellos.

Asimismo, calificó de alarmantes las denuncias recibidas de malos tratos a reclusos por parte de funcionarios de la administración penitenciaria.

Otros cuestiones que expus Alvarez de Miranda ante los diputados y senadores fueron las que recogen los temas monográficos del informe de 1998, como la cooficialidad lingüística en Cataluña, la contaminación acústica y la reinserción social de los penados, entre otros.

Tras la exposición del informe por parte de Alvarez de Miranda, los portavoces en esta comisión del PP, CC, PSOE, CiU y UV agradecieron al Defensor su informe y gestión de 1998 y resaltaron especialmente el tratamiento dado a la violencia doméstica y las recomenaciones realizadas al Gobierno para erradicarla.

Por otro lado, la diputada de CiU María Mercè Amorós reprochó al Defensor del Pueblo que haya tratado monográficamente la denominada "ley del catalán" en el informe del pasado año y le preguntó si creía que en Cataluña existe una fractura social por culpa de la cooficialidad lingüística.

Alvarez de Miranda contestó a la parlamentaria de CiU que su institución planteó tratar monográficamente la "ley del catalán", no tanto por la aplicación de esta nrma, sino porque en Cataluña existen problemas de cooficialidad lingüística de Cataluña.

El Defensor insistió en su tratamiento imparcial de la cuestión y se mostró esperanzado en que la cooficialidad lingüística en Cataluña sea una realidad.