La orden de detención dictada por el presidente de la Junta Electoral, que es a su vez el titular del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 del Puerto de Santa María, fue porque la directora del centro escolar se había negado a ceder los locales del colegio con fines electorales, según dice una información que publica hoy el Diario de Cádiz.

Haia las 11,30 de la mañana del jueves Indalecia Marcos recibió una llamada telefónica de una mujer que dijo pertenecer a Izquierda Unida y que le comunicaba que el centro iba a ser utilizado para actos electorales los días 10, 17 y 24 de mayo.

La directora contestó que una llamada telefónica no era el procedimiento adecuado y que la petición debería realizarse por escrito, debido a razones de organización y funcionamiento del centro.

Una segunda llamada de una persona que dijo ser el presidente dela Junta Electoral advirtió a Indalecia que, de persistir en esa actitud, "nos veríamos en el Juzgado", ante lo que la directora del colegio reiteró que la petición tendría que recibirla por escrito.

Tras una tercera lamada, realizada dos semanas después y con las mismas intenciones, Indalecia Marcos recibió la orden de comparecer en el juzgado número 2 del Puerto de Santa María.

Sobre las 3 de la tarde del pasado jueves, dos miembros de la Policía Judicial detuvieron a la directora y que la trasadaron a la comisaría de la ciudad, donde permanecio hasta las 6,30 de la tarde, hora en la que fue conducida al Juzgado.

Una vez allí, Indalecia prestó declaración en el Juzgado número 3, debido a que el titular del juzgado que ordenó su detención estaba ausente.

REPULSA

El colectivo de directores y profesores de los centros de enseñanza de Puerto Real han mostrado su "repulsa por el procedimiento empleado por el que dijo ser presidente de la Junta Electoral y que luego actuó como juez del Juzado de Instrucción y Primera Instancia número 2 del Puerto de Santa María".

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT difundió un comunicado en el que muestra su sorpresa por la actitud del juez y dice no comprender cómo se puede enviar a dos policías con orden de arresto por presunto desacato y no haber mandado antes una notificación escrita autorizando el uso del edificio público.

El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, que ayer, viernes, pronunció un mitin, motró su apoyo a la profesora del centro y criticó también a la Junta Electoral por no haber notificado por escrito el uso del colegio con fines electorales.