Los fármacos eran distribuidos en explotaciones ganaderas de las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca, León y Madrid, además de en Portugal.

En esta operación "Viriato", la Guardia Civil contó con la colaboración de la Junta de Extremadura y el Consejo General de Veterinarios de España. Los veterinarios detenidos expedían en un sólo día una cantidad de medicamentos suficientes para tratar a más de 850 animales.

Coo consecuencia de la operación, la Guardia Civil ha requisado un gran número de medicamentos veterinarios caducados. La redada policial se inició a raiz de la detención, el año pasado, de seis personas que estaban relacionadas con el engorde ilegal de animales destinados al consumo humano, lo que permitió conocer la existencia de la red ahora desarticulada.