En la llamada "operación felino" han sido detenidas 26 personas (18 en Barcelona, 2 en Asturias y 6 en Madrid), entre los que se encuentran dos agentes de Policía y un Mosso d'Esquadra. En la misma operación, han sido intervenidos tres kilos de cocaína así como cantidades importantes de dinero y otros efectos.

La investigación comenzó hace seis meses y determinó que el liderazgo del grupo lo tenía un abogado, Francesc H.A., quien coordinaba las actuaciones e impartía todo tipo de instrucciones a los integrantes de la red.

Las primeras detenciones se produjeron el pasado 18 de abril en la autopista AP-6 Madrid-La Coruña (en el peaje de Adanero), cuando los agentes intervinieron un vehículo en el que viajaban dos integrantes de la red en dirección a Gijón. En el interior del vehículo se intervinieron dos paquetes de tres kilos de peso de una sustancia que podría ser cocaína. La droga iba dirigida a otros traficantes de la localidad asturiana para ser distribuida.

Continuando con las actuaciones, la Policía detuvo a cinco miembros más de la organización (tres en Madrid, y dos en Barcelona), que formaban el escalón superior del escalafón de la banda, como depositarios y propietarios de la droga intervenida y de otros efectos y dinero intervenidos en los registros practicados.

El día 25 fue detenido en Canarias otro miembro de la red que se encontraba de vacaciones en las islas. Por último, fueron arrestados dos personas más en Barcelona.

Los integrantes de esta red diversificaban sus actividades delictivas con las que obtenían considerables beneficios, derivados no sólo del tráfico de drogas, y el secuestro de los distribuidores, apropiándose de la mercancía, sino de delitos de inmigración ilegal.

POLICÍAS CORRUPTOS

Además, realizaban compras de droga en determinados países sudamericanos para trasladarla a España. Una vez que el portador ("mula") llegaba al aeropuerto, dos policías que actuaban en connivencia con el grupo desarticulado le esperaban en la aduana.

A los agentes encargados del control de entrada, les manifestaban haber tenido una confidencia de que esa persona pretendía introducir droga. Simulaban la identificación del portador y su detención. Posteriormente, el correo quedaba en libertad y se apropiaban de la droga.

Tal sustancia era utilizada más tarde, bien para venderla en pequeñas dosis a otras personas o para realizar supuestas ventas a otros traficantes. En el instante en que los compradores aparecían, se apoderaban del dinero con intimidación, quedándose también con la droga.

Por último, también se ha podido demostrar la participación de la organización criminal en delitos contra la Administración Pública (cohechos activos y pasivos) y falsedades (documentos de identidad falsificados e, incluso, su venta a ciudadanos extranjeros), y su participación en delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (inmigración clandestina).