J.C.A.G., gerente del matadero; B.LL.G., administrativa de la empresa; S.R.G., administrativo; V.M.L.A.M. y G.L.A.A., ambos veterinarios del matadero, y el ganadero E.L.R., han pasado a disposición judicial, como supuestos autores de delitos de fraude, daños contra la salud pública y prevaricación.

La investigación de la Guadia Civil que ha logrado desarticular esta red se inició a finales de 1992, a instancias de la Consejería de Ganadería del Gobierno cántabro, que detectó un posible fraude de un ganadero de Campoo de Yuso.

Intervenida la documentación del matadero correspondiente al período comprendido entre enero de 1991 y octubre de 1992, por orden judicial, que fueron cotejados con los `cónduces' (documento que acompaña al animal que va a ser sacrificado) y los certificados en forma de decomiso, en poder de la Consjería de Ganadería.

De esta forma, la Guardia Civil ha podido comprobar que 241 reses constan con pesos superiores a los registrados en los libros de sacrificio. Esto supone una estafa a la Administración regional, que se vió obligada a abonar más indemnizaciones mayores de lo que correspondía legalmente. En total, el fraude alcanza los 94 millones de pesetas.

Además, reses decomisadas por enfermas no figuran como tal, por lo que se sospecha que han podido ser desviadas para el consumo humano, cundo su carne no era apta para ello; sin embargo, otras reses sacrificadas no estaban enfermas, lo que indica que las realmente enfermas, lo que indica que estas siguen contagiando la cabaña ganadera o se han sacrificado más de las que tenían registradas.