Según informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a los animales robados les implantaban microchips de otros perros legalmente adquiridos y los destinaban a la competición.

Estas dos operaciones han permitido esclarecer 300 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la protección de la flora y fauna, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, entre otros.

Las investigaciones se iniciaron paralelamente en las provincias de Cuenca y Zamora, cuando la Guardia Civil detectó una sucesión de robos de galgos de caza que en algunas ocasiones eran abandonados o sacrificados y en otras ocasiones carecían de microchip de identificación o permanecía inhabilitado.

Posteriormente se tuvo conocimiento del robo de 10 perros en Cantimpalos (Segovia), algunos de ellos considerados los mejores de los campeonatos de esta modalidad y valorados en unos 18.000 euros.

Asimismo, en diversas provincias se localizaron varias personas con antecedentes en este tipo de hechos delictivos, que trasladaban a los perros en deficientes condiciones, en maleteros de turismos y con cortes bajo la oreja izquierda del animal.

19 PROVINCIAS

En el curso de las operaciones desarrolladas por las comandancias de Cuenca y Zamora se investigaron y esclarecieron hechos delictivos cometidos en las provincias de Albacete, Alicante, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Madrid, Murcia, Palencia, Sevilla, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Tras determinar todas las conexiones entre los integrantes de las dos organizaciones investigadas y localizar los puntos donde podrían encontrarse, la Guardia Civil estableció un dispositivo que permitió la detención de 40 personas y la recuperación de 226 galgos, 46 palomos de competición, 11 gallos de pelea y 2 loros.

Además, en los 48 registros realizados se intervinieron más de 300 documentos caninos, microchips y jeringuillas de uso veterinario para inserción de microchips.

Igualmente, los agentes se han incautado de 2 armas cortas, 1 carabina y 1 caja con 50 cartuchos de 9 mm, 1 escopeta de cañones recortados, 1 escopeta con numeración borrada, 10 plantas de marihuana, un triturador y básculas.

Los integrantes de estas organizaciones contaban con intermediarios que seleccionaban a los mejores animales y se desplazaban a los lugares donde se celebraban las ferias, concursos y mercados en busca de perros con excelentes cualidades para la competición.

Una vez seleccionado el objetivo, intentaban realizar la compra a sus dueños en caso de negativa de los propietarios a realizar la venta, conseguían los datos necesarios para el seguimiento y localización del animal, con el fin de sustraerlos.

Para cometer el robo empleaban fuerza y en algunos casos intimidaban a sus dueños y los amenazaban para que no denunciaran el hecho.

COMPETICIÓN Y APUESTAS

Una vez sustraídos, los mejores perros, alguno de los cuales tenía un costa de hasta 30.000 euros, eran destinados a la competición, venta o apuestas ilegales y los menos aptos eran sacrificados o utilizados como "sparring" para entrenar perros de pelea.

Para anular el sistema de identificación en los microchips, procedían a su extracción mediante un pequeño corte en la oreja. A continuación le implantaban al animal el microchip de otro legalmente adquirido, pero con escasas cualidades para la competición.

Otro grupo de personas facilitaba a la organización lugares donde dejar los perros sustraídos un tiempo prudencial y así dificultar su localización, por lo que a cambio obtenían parte de la descendencia resultante de los cruces entre los animales.

Según el Ministerio del Interior, las operaciones continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.