En la operación denominada "AN-PA-RO", coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, figuran entre los arrestados Antonio P.R., de 41 años, máximo responsable de la banda; Luis Antnio M.A., impresor, de 38 años; el abogado Javier G. de G.R., de 52 años; y Carlos Antonio L.S., funcionario de la Delegación de Hacienda de Madrid, de 38 años.

Los restantes detenidos son Tomás T.V., de 48 años, jefe de sección de Hacienda; Vidal Alfonso H.M., de 34 años; Francisco S.T., de 52 años, letrados ambos; Ramón C.M., de 48 años; Carlos R.M., de 45 años; Enrique Andrés G.G.V., de 30; Pablo Andrés G.R., de 32; Alberto C.M., de la misma edad, y Manuel M.G., de 43, arrestado en Guijuelo (Salamaca).

El inicio de la investigación se remonta a finales del mes de marzo, cuando se detectaron numerosas falsificaciones de documentos de residencia y trabajo para inmigrantes cubanos que pasaban por España con destino a Estados Unidos.

Las pistas condujeron a Luis Antonio M.A., técnico titulado en artes gráficas, que trabajaba en una imprenta de la zona centro de Madrid. Más tarde, se comprobó que los responsables de esta empresa ignoraban las ilícitas actividades que allí realizaba su empleado. Sometido a vigilancia, los investigadores llegaron hasta unas oficinas de la calle Marqués de Urquijo, donde tenía su sede la empresa Compañía de Exportación de Mobiliario de Madera y otras dos empresas (ficticias), las tres regentadas por Antonio P.R., con un antecedente por estafa, y que también estaba siendo investigado por la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera.

Se unificaron las gestiones bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y fructificaron on la obtención de elementos probatorios suficientes para determinar la implicación en la trama de 14 personas más: empresarios, abogados, funcionarios de Hacienda y otros con antecedentes policiales.

Los delitos que se les imputan son la formalización fraudulenta de contratos u operaciones comerciales para servir de soporte a la solicitud de créditos bancarios y simulación de operaciones de venta de mercancías para una vez denunciado robo o siniestro, estafar a las aseguradoras.

FACTURACIONES FICTIIAS

Además, se les acusa de creación ficticia de facturaciones de IVA y otros impuestos para defraudar a Hacienda y estafar a empresas. La policía cifra en decenas de miles de millones de pesetas el fraude cometido.

También se les imputa la utilización de funcionarios de Hacienda para obtener datos sobre empresas con pérdidas millonarias para su compra y posterior compensación de beneficios obtenidos en otras, con fines defraudatorios, y falsificación de todo tipo de documentos de identidad, mercntiles, bancarios y otros.

El juez ha decretado el secreto de sumario y, según fuentes policiales, prosiguen las investigaciones para tratar de averiguar, entre otros extremos, si existe alguna conexión entre este grupo de delincuencia organizada y redes ilegales de inmigración. Según fuentes de la policía, el juez ha decretado la libertad bajo fianza de 5 millones de pesetas de uno de los 18 detenidos.